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Comisión del gasto pidió simplificar normativa de contratación

26 de diciembre de 2017
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Para promover la competencia en la contratación pública y mitigar los hechos de corrupción, la Comisión del Gasto y la inversión pública recomendó al Gobierno Nacional simplificar y estandarizar las normas en materia de contratación.

Esta medida favorecería la toma de decisiones orientadas a procesos competitivos. Así mismo, sugirió que se aplique el principio de competencia como regla general en los procesos de contratación y compras públicas.

En ese aparte, también mencionó que se debería obligar a que las contrataciones del sector público con Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal) sigan exactamente los requisitos y procedimiento de la contratación pública. Se estima que hay 200 mil organizaciones de ese tipo en el país.

Por no ser consecuente con la lógica comercial del sistema de compras públicas y generar un alto volumen de reclamos, la comisión –conformada por nueve miembros ad honórem y el director del Departamento Nacional de Planeación o su subdirector– pidió revisar la normativad que sustenta el principio de equilibrio económico del contrato. Este es el que posibilita que el contratista privado sea compensado por materialización de riesgos que no estén expresamente contemplados en el contrato.

Sugirió modificar la ley para que la selección de los mecanismos de contratación dependa del valor del contrato y no de la participación que representa en el presupuesto de la entidad.

Otras propuestas

Una de las recomendaciones más llamativas fue reformar el Sistema General de Regalías tendiente a eliminar las inflexibilidades provenientes de los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales.

De igual forma, señaló que se deben integrar los recursos de regalías con los de la Nación y los de las entidades territoriales en un sistema conjunto de planeación, programación y ejecución del gasto de inversión con impacto en las regiones.

Finalmente, indicó que la composición del gasto público evidencia su elevada inflexibilidad especialmente a nivel del Gobierno Nacional Central, que reduce el margen de maniobra para administrar el gasto: “El peso de las transferencias a las entidades territoriales, de los aportes para cubrir el faltante para el pago de pensiones, de otras transferencias que recogen numerosos mandatos de ley y los efectos de sentencias judiciales y del pago de intereses, llevan a que el rubro que debe ajustarse de manera importante cuando las condiciones económicas y fiscales así lo exigen es la inversión”.

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