El Congreso de la República tiene una responsabilidad directa en la evolución de las finanzas públicas, no solo porque aprueba cada año el presupuesto nacional, sino porque expide leyes que pueden crear nuevas obligaciones de gasto para el Estado. Esa es la lectura de expertos que pusieron la lupa sobre las decisiones del legislativo.
Uno de ellos fue el docente de la Universidad de los Andes, Germán Machado, quien cuestionó la forma en que se han aprobado algunas iniciativas legislativas.
“El Congreso ha legislado a ciegas y es corresponsable del desastre fiscal. Es hora de que el Congreso entienda las restricciones”, mencionó Machado en su cuenta de X.
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De acuerdo con los datos presentados por el académico, entre 2020 y 2025 el Congreso aprobó 200 leyes sin ningún estudio de costo fiscal. Además, durante ese periodo fueron aprobadas 80 leyes que representaron $18 billones adicionales de gasto.
El debate cobra importancia porque las decisiones legislativas pueden generar compromisos presupuestales que no se limitan al año en que una norma es aprobada, sino que pueden mantenerse durante varias vigencias.
Balance en los últimos años
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalaron que datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025 muestran que en 2024 fueron sancionadas 98 leyes en Colombia.
De ese total, 49 leyes, equivalentes al 50%, no generaron un costo fiscal adicional. Otras 32, que representan el 32,7%, implicaban gasto, pero el Ministerio de Hacienda no pudo cuantificarlo debido a la falta de información suficiente para estimar su costo con precisión.
Las 17 leyes restantes, equivalentes al 17,3%, sí tuvieron un costo fiscal cuantificable.
El costo estimado de esas 17 normas alcanzó $11,4 billones en 2024, el nivel más alto registrado en la serie desde 2003, calculada a precios constantes de 2026.
Sin embargo, esta cifra no representa el costo total de las leyes sancionadas durante ese año. Los $11,4 billones corresponden únicamente a las 17 leyes cuyo impacto pudo ser cuantificado.
Por lo tanto, las 32 leyes cuyo costo no pudo ser estimado no están incluidas en esa suma y el impacto fiscal real de la legislación aprobada en 2024 podría ser mayor.
El gasto permanente
El análisis del costo fiscal diferencia entre el gasto permanente y el gasto transitorio generado por las nuevas normas.
La diferencia es relevante porque las obligaciones permanentes no desaparecen con el paso del tiempo. Por el contrario, se incorporan a la estructura del presupuesto y deben financiarse de manera recurrente en los años siguientes.
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Entre 2003 y 2010, el impacto anual promedio de las leyes se ubicó alrededor de $2,8 billones. Posteriormente, se presentaron aumentos importantes, como los registrados en 2011, cuando llegó a $9 billones, y en 2016, cuando alcanzó $5,7 billones.
Después de varios años con impactos relativamente bajos, el costo fiscal volvió a aumentar en los últimos años hasta alcanzar su máximo en 2024.
En las últimas dos décadas, diferentes leyes han generado incrementos significativos del gasto público. Una parte importante del costo estimado corresponde a obligaciones estructurales que pasan a formar parte del presupuesto de manera recurrente.
Esto significa que las decisiones tomadas por el Legislativo pueden incrementar las rigideces del gasto y reducir el espacio fiscal disponible en los años siguientes.
Entre las normas aprobadas recientemente con mayor impacto se encuentran reformas institucionales, medidas relacionadas con vivienda y leyes que crean nuevos beneficios o incentivos para determinados grupos de la población.
Aunque estas iniciativas pueden responder a objetivos legítimos de política pública, también pueden generar compromisos adicionales para las finanzas del Estado.
Las decisiones del legislativo tienen un costo fiscal
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana también ha señalado que las decisiones del Congreso tienen consecuencias sobre las finanzas públicas y ha planteado la necesidad de fortalecer la capacidad técnica del Legislativo.
El Observatorio Fiscal sostiene que las decisiones legislativas también tienen un costo fiscal y considera necesario poner en funcionamiento la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, conocida como OATP.
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Esta oficina tendría entre sus funciones estimar el impacto fiscal de las iniciativas legislativas y brindar al Congreso herramientas propias para analizar las consecuencias presupuestales de sus decisiones.
El planteamiento parte de que el nuevo Congreso tendrá un papel decisivo en la política fiscal del país, por lo que necesitará mayor capacidad para evaluar el costo de las leyes que aprueba.
¿Qué responsabilidad tiene el Congreso en la política fiscal?
El Legislativo cumple una doble función en materia fiscal. Por una parte, debe aprobar anualmente el presupuesto de la Nación y, por otra, tiene la facultad de expedir leyes que pueden crear nuevos programas, subsidios, beneficios y obligaciones para el Estado.
Cada una de esas decisiones puede traducirse en compromisos presupuestales adicionales y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La legislación colombiana, de hecho, establece que los proyectos de ley que ordenen gasto deben incluir una estimación de su impacto fiscal y demostrar su consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El propósito de este requisito es que las decisiones legislativas sean compatibles con la capacidad financiera del Estado.
Sin embargo, los datos sobre las leyes aprobadas muestran que todavía existen dificultades para contar con información completa y oportuna sobre sus costos.
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