Dos críticas que han prevalecido sobre el manejo de la economía durante el gobierno del presidente Gustavo Petro son el aumento del gasto público y su decisión de elevar considerablemente el salario mínimo por encima de la fórmula tradicional (que suma la productividad y la inflación). Para este año, el ajuste de este último fue del 23,7%, lo que superó con creces las aspiraciones de los propios sindicatos.
Justamente, este año el exceso de gasto estatal se agravaría con la desbordada subida del salario mínimo y podría agregarle unos $7 billones al déficit fiscal que amenaza las finanzas estatales. Se estima que el saldo en rojo cerró el año pasado en alrededor de $134 billones (7,5% del PIB).
Una realidad que terminará por pasar factura a la próxima administración que ocupe la Casa de Nariño, que no solo recibiría una “olla raspada”, sino también “rota”.
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Los pronósticos sobre un desastre y una crisis económica son numerosos, pero la defensa a “capa y espada” del Gobierno no se queda atrás. Los argumentos del Ejecutivo sobre un país que va por buen camino crecieron con el reciente reconocimiento de la revista The Economist, que calificó a la economía colombiana como la cuarta mejor entre los miembros de la Ocde. Esto, dijo, por un desempeño macroeconómico equilibrado, reflejado en la reducción de la inflación, la recuperación del crecimiento, la mejora en el empleo y una corrección gradual de los desequilibrios fiscales y externos.
Adicional, la publicación valoró la capacidad del país para mantener estabilidad económica en un contexto internacional adverso, así como el manejo de la política monetaria y la resiliencia de la actividad productiva. Así las cosas, la pregunta que surge es, ¿puede la cuarta mejor economía de la Ocde soportar un incremento del salario mínimo de 23%?
Empeorará el déficit fiscal
De entrada los primeros análisis sugieren que es una decisión poca razonable en medio del desbalance de las finanzas estatales. En concepto de José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, ninguna economía podría aguantar, sin enfrentar consecuencias, un incremento semejante al que decretó Petro.
“Ese aumento es absolutamente desbordado, es una fuente inmediata de más inflación, de aumento en las expectativas de precios, de mayores niveles de informalidad y de un empobrecimiento generalizado entre los que viven de un empleo informal y quienes verán deteriorada su capacidad de compra”, indicó.
De acuerdo con el exministro, “para las finanzas públicas puede significar un costo adicional de alrededor de $7 billones, contando no solo el impacto fiscal y pensional, sino también los costos adicionales que tendría la Nación por este concepto y el menor crecimiento por la caída de inversión”, indicó.
El análisis de Restrepo es similar a estimaciones preliminares del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Según el organismo, la medida aumentaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones en 2026, equivalentes a 0,3% del PIB, y en $8 billones (0,4% del PIB) a partir de 2027.
El Carf advierte que este mayor déficit dificulta el retorno a la senda de ajuste exigida por la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública, en un momento en el que la situación fiscal del país ya es considerada crítica por el propio Gobierno, que ha declarado una emergencia económica, algo paradójico para una economía considerada fuerte entre la Ocde.
El mayor costo son las pensiones
Uno de los principales impactos del aumento del salario mínimo se refleja en el gasto pensional. El Carf estima que las pensiones del régimen de prima media (RPM) cercanas a un salario mínimo generarían un mayor gasto de $4,7 billones. A esto se suma el incremento en las erogaciones por salarios de funcionarios públicos que devengan el mínimo, calculado en $600.000 millones para alrededor de 191.400 funcionarios públicos que devengan el salario mínimo, según datos del Banco de la República, el Dane y analizados por el Carf.
Además, el salario mínimo influye en otros rubros del gasto público, como la contratación de servicios de vigilancia y aseo, cuyos costos también tienden a ajustarse con base en ese salario.
Una mala política social
Al análisis de Restrepo se suma la premisa de que dicho aumento es una mala decisión de política social, ya que si no está respaldado por un aumento real de la productividad, puede generar efectos contraproducentes. En muchos casos, las empresas, especialmente las pequeñas, no pueden asumir el mayor costo laboral, lo que las lleva a reducir contratación o, como se mencionó, subir precios, afectando el empleo y el costo de vida. De hecho, The Economist resalta una mejora del mercado laboral, pero la realidad podría ser otra.
El Gobierno celebró que la tasa de desempleo bajó a 7% en noviembre de 2025 —la más baja para ese mes en 24 años, según el Dane—, pero para la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, la reducción del indicador no debe confundirse con una mejora automática del bienestar.
Según ella, “más trabajo no siempre es más bienestar”, pues alertó que buena parte de la nueva ocupación se concentra en la informalidad o rebusque, sin contratos ni seguridad social. Lacouture también advirtió: “La mayoría de los informales no recibe el aumento del 23% del salario mínimo, pero igual va a pagar comida, transporte y servicios más caros. Menos derechos, más costos”.
Así las cosas, los expertos no solo advierten sobre las repercusiones del alza salarial, sino sobre que los argumentos de que Colombia está entre las cuatro mejores economías de la Ocde tienen un trasfondo preocupante de cara a 2026.
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