El proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República sigue siendo el centro de debate en Colombia, especialmente por la propuesta de extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 80 % de la canasta familiar.
Desde que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó el proyecto, se ha dado un rechazo generalizado en varios sectores de la sociedad, empezando por los ciudadanos, la academia, los gremios, los trabajadores y, hasta, el propio Congreso de la República, ya que no existe un buen ambiente frente a la propuesta de gravar casi toda la canasta familiar con el 18 %, por el impacto que esto tendría para la clase media y los sectores con menos ingresos.
Esta propuesta originó la convocatoria de marchas en varias ciudades del país para rechazar la iniciativa del Gobierno Nacional, mientras que desde el Congreso han pedido al ejecutivo reconsiderar la medida y evaluar nuevas alternativas que no afecten a la población. Sin embargo, el ministro de Hacienda y el presidente Iván Duque siguen defendiendo la propuesta, resaltando la necesidad de conseguir los 14 billones de pesos faltantes en el Presupuesto General de la Nación 2019.
Aunque este proyecto es el principal plan que tiene la administración Duque, se han mostrado abiertos a escuchar otras alternativas que cumplan con ese objetivo de recaudo, que de ser aprobado dejaría recursos adicionales el próximo año por el orden de los 19,4 billones de pesos, de los cuales 11,3 billones (58,2 %), serían recaudados a través del IVA a la canasta familiar.
¿Por qué es importante?
Históricamente este impuesto ha sido el mecanismo de más fácil recaudo para los diferentes gobiernos y es que a través de este tributo se pueden conseguir recursos por cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Este impuesto representó ingresos por 31,9 billones de pesos en 2017, de acuerdo con cifras reportadas por la DIAN, es decir el 23 % del recaudo que para el año pasado alcanzó los 136,5 billones de pesos. En lo corrido de este año (enero- octubre), la cifra de recaudo por concepto del IVA ascendía a 29,3 billones de pesos, registrando un aumento del 9,4 % con relación al mismo periodo de 2017.
César Ferrari, docente de Economía de la Universidad Javeriana y miembro del Observatorio Fiscal, consideró que hay varias razones que explican la preferencia de los gobiernos por plantear modificaciones al IVA en las reformas tributarias, principalmente porque es un impuesto que paga todas las clases sociales y facilita su recaudo.
“Es más fácil hacer que las clases medias y populares paguen impuestos, que hacer que los ricos lo hagan. En Colombia, las principales fuentes de recaudo son los impuestos indirectos y los que pagan las empresas. La razón es que es más fácil cobrar esos impuestos a los que tienen poca vocería para evitarlos, que cobrarlos a los que pueden hacer lobby para evitarlos o conseguir algún tipo de reducción”, explicó Ferrari.
Con esta postura coincidió el docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), José Roberto Acosta, quien consideró que el IVA se presta para no permitir ningún beneficio, exención o trampa en las personas que lo pagan, porque se grava en el acto del consumo y no requiere tantas complejidades como la actividad productiva, que si pueden, de cierta forma, eludir impuestos vía exenciones a sectores poderosos.
“Podemos pensar que son los dueños de la renta económica los que no quieren que los graven y buscan justificar técnica y académicamente que el IVA es más eficiente, cuando no es así necesariamente, dado los efectos en cuanto al ingreso y la disminución de la demanda agregada de la economía”, explicó.
Por su parte, el decano de Economía de la Universidad Central, Erick Behar, señaló que más allá de lo que pese el IVA en el recaudo de impuestos, es la inmediatez con la que consiguen los recursos lo que hace que se convierta en uno de los principales fuentes de ingresos para los gobiernos.
“Es un impuesto relativamente rápido y que se recauda con más facilidad. Es decir, es una fuente masiva de ingresos y un instrumento que tienen los gobiernos para llegarle prácticamente a todo el mundo, a diferencia de otros impuestos y por eso es más atractivo”, explicó Behar.
Para Acosta, un aspecto importante para entender el sistema tributario del país es que el recaudo por concepto de IVA podría estar entre 40 y 45 billones de pesos al año. El impuesto de renta estaría aportando una cifra similar a las finanzas del país, mientras que el restante ingresaría a través de otros tributos, que sería el monto más pequeño.
“Es una cifra considerable, teniendo en cuenta que el recaudo total de impuestos en Colombia asciende a los cerca de 136 billones de pesos. Lo importante que hay que entender es que la principal fuente de recaudo y financiación del Estado se está dando con el IVA y el impuesto de renta”, indicó Acosta.
La historia del IVA en Colombia
Aunque no está definido una fecha exacta, se considera que el Impuesto de Valor Agregado (IVA) se remonta del año 1963, cuando existía una tarifa general del 3 %. Sin embargo, otras versiones indican que pudo haber iniciado en 1975 con un gravamen del 10 % a los importadores y exportadores.
El docente de Economía de la Universidad Libre, Jorge Enrique Rodríguez, explicó que la tarifa inició en un 10 % y ha venido creciendo progresivamente desde entonces hasta llegar al 19 % que rige en la actualidad. “El IVA ha venido creciendo, porque es un impuesto indirecto que recae en todas las personas, mientras que el impuesto de renta es selectivo y esta basado en los recursos”, explicó.
En 1990, durante el gobierno de César Gaviria, la tarifa del IVA subió al 12 % y se amplió la base de gravamen, incluyendo algunos servicios con tarifas diferenciales.
“Este impuesto arrancó desde los años 60 y posteriormente en la década del 80 se pasó a hablar del impuesto de valor agregado y hoy en la actualidad se conoce como impuesto a las ventas. A partir de la institucionalización en los 80, empiezan a subir las tarifas y a ampliarse la base gravable hasta llegar a los niveles exorbitantes e inaceptables de hoy en día, que es gravar la comida”, explicó José roberto Acosta.
Sin embargo, en 1992 se estableció un periodo de transición entre 1993 y 1997, donde la tarifa general del impuesto sería del 14 %; además se declararon bienes exentos los productos agropecuarios, viviendas, premios, servicios médicos, transporte público, leasing y servicios públicos. No obstante, la tarifa general se aumentó del 14 % al 16 % en 1995.
Durante el Gobierno de Ernesto Samper (1998) se gravaron con una tarifa del 10 % algunos productos de la canasta familiar. Dos años más tarde, la tarifa del IVA se incrementó al 16 % y se introdujo un nuevo listado de bienes exentos y se mantuvo una tarifa diferenciada del 10 % sobre algunos bienes de la canasta básica.
Ya en el Gobierno de Álvaro Uribe se instituyeron tarifas diferenciales de 7 %, 10 % y 20 %, y se disminuyó la lista de bienes excluidos, además, se trasladaron algunos bienes exentos al régimen de exclusión.
Pero el más reciente cambio, y que fue centro de polémica durante la administración de Juan Manuel Santos (2016), fue el incremento de la tarifa del IVA del 16 % al 19 %, pero se mantuvieron exentos los productos básicos de la canasta familiar como la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras.
“Lo que ha habido en la historia del IVA son tasas diferenciales con unos productos gravados al 5 %, 10 %, 12 %, 16 %, y algunos excluidos y otros exentos. Las últimas reformas tributarias se vienen realizando aproximadamente cada 22 meses y en la de 2012 y 2016 han habido cambios fuertes en el IVA, pero lo más notorio se dio en este último año cuando pasó del 16 % al 19 %, y donde se dejaron gravadas algunas categorías según las partidas arancelarias”, explicó el Behar.
La actualidad de este impuesto
Las tasas de IVA que están vigentes en la actualidad (0 %, 5 % y 19 %) fueron establecidas en la reforma tributaria de 2016, en donde la tarifa general subió del 16 % al 19 %, gravando al 53 % de los productos y bienes de la canasta familiar, entre ellos algunos alimentos procesados, el vestuario, electrodomésticos, productos de aseo, transporte y diversión, entre otros.
Sin embargo, el proyecto dejó con IVA del 0 % a los alimentos básicos de la canasta como la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras; la educación, los servicios médicos y medicamentos, el transporte público, entre otros .
La tarifa del 5 % fue aplicada a productos como el azúcar, el café, las harinas, los fumigadores para uso agrícola y los productos de higiene femenina, este último declarado inexequible por la Corte Constitucional esta semana, ya que al gravar productos de primera necesidad para las mujeres se violaba el derecho a la igualdad.
Por su parte, entre los bienes excluidos se encuentran productos como el arroz, las frutas, el gas, caucho, las máquinas para cosechar, entre otros, mientras que los bienes exentos están productos como la carne bovina, porcina, ovina, aves, los pescados, el queso fresco, los huevos, la leche entre otros.
Comportamiento en la región
Colombia tiene en la actualidad una de las tasas de Impuesto de Valor Agregado más altas de la región. El listado lo encabeza Uruguay, con una tarifa del 22 %, seguido de Argentina (21 %), Chile y Colombia (19 %), Perú (18 %), mientras que los países que tienen menores tarifas son Paraguay (10 %), Ecuador (13 %) y Bolivia (13 %).
El decano de la Universidad Central explicó que el país tiene una tasa de IVA promedio dentro de la región, pero sería alta frente a países como Inglaterra, en donde la tasa es de 0 % para la canasta familiar.
“En cuanto a la región realmente estamos en el promedio del IVA, pero si nos comparamos con otros países, sí hay unas diferencia muy notorias”, indicó Behar.
Para el decano, lo que se ha notado en el país es que los gobernantes que llegan siempre cambian el IVA y no se tiene una historia relativamente estable y constante con un mismo nivel de gravamen.
“Es una situación preocupante, porque demuestra que los Gobiernos en Colombia están constantemente cambiando las reglas y eso tiene unos costos transaccionales importantes, ya que las empresas tienen que adaptarse a esos escenarios y puede afectar su liquidez. Además, la más afectada es la población, que tiene que asumir el pago de este IVA en su consumo”, señaló Behar.