A doce días de alcanzar la fecha límite (7 de mayo) para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aún no se conoce la segunda ponencia para que llegue a debates en Plenarias de Senado y Cámara.
El retraso en la presentación de la nueva ponencia implicará que los congresistas tengan menos tiempo para conocer y evaluar las modificaciones realizadas. La situación llevará a generar una aprobación ‘fast track’ del articulado.
Este ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ busca asegurar inversiones por 1.096,1 billones para todos los sectores económicos y con esto impactar el PIB nacional, pasando de 3,3 % a 4,1 % en 2022.
Según Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sede Medellín, esta dilación retrata perfectamente el juego de ajedrez político, donde la oposición busca torpedear y el Gobierno busca consolidar las mayorías parlamentarias.
“Como en este momento el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso está dilatando para conseguirlas, es un juego político que demuestra que Gobierno no ha sincronizado su gestión con el Legislativo”, señaló el analista.
El contraste
Para Juan David Escobar Cubides, abogado y analista político, “los congresistas están cobrándole al Gobierno el que no se reparta mermelada y diferentes bancadas de oposición insisten en hacer proposiciones que son inviables para retrasar la aprobación”.
En el primer debate se aprobaron 301 de los 311 artículos que traía la ponencia, el 80 % pasó la primera prueba. Sin embargo, en la segunda ponencia vendrían nuevas proposiciones y algunas modificaciones (ver Radiografía).
“La citación a un nuevo debate se puede demorar por esos pincelazos que cada bancada le quiere dar al Plan. Quieren meter sus propuestas, aunque sean inviables”, agregó Escobar.
Lo que dicen los gremios
Establecer un arancel de 37,9 % a las importaciones textileras cuando su precio sea inferior o igual a 20 dólares por kilo, y de 10 % según el valor, más 3 dólares por kilo para las que superen ese precio, fueron dos propuestas aprobadas en primer debate y que se mantendrá para la discusión en plenarias.
Gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex ) han rechazado ambas iniciativas, porque traduciría en un incremento de hasta el 25 % en el precio del vestuario para los colombianos.
“De acuerdo con estudios del gremio, ese impuesto tendría un impacto potencial de hasta un punto porcentual en el índice de precios al consumidor”, reveló el vicepresidente del gremio, Eduardo Visbal, ayer en una rueda de prensa.
María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), coincide con que el consumidor será el más afectado y que esta “es una medida que estimularía el contrabando”.
Con respecto al artículo 261, el cual establece que los servicios bajo demanda (SVOD) como Netflix, deberán contar con una cantidad mínima de contenidos nacionales, Lacouture dice que es contraproducente, porque si se exige una cuota de contenido colombiano, las empresas van a salir a otros lados a buscar contenido.
En contraste, Catalina Ortiz, representante por la Alianza Verde, dice que esta propuesta incentiva el desarrollo de industrias creativas en Colombia y asegurará la competencia con otros países.
El Gobierno y las pensiones
Con respecto a uno de los artículos que destacó el gremio de fondos privados (Asofondos) que permitiría el traslado entre los regímenes pensionales por cuatro meses, y que beneficiaría solo a cerca de 172.000 personas, el Gobierno dijo que no avalaba la proposición. ”Implicaría un costo fiscal de 50 billones de pesos para el Estado”, dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.
Sin embargo, el artículo podría quedar como proposición para ser discutido en el segundo debate. Ahí la decisión dependerá de las mayorías.
$1.096,1
billones es el presupuesto aprobado en primer debate para poner en marcha el Plan
