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Cumplidas y en orden a la hora anunciada (9:00 a.m.), más de cien empleadas del servicio doméstico afiliadas a organizaciones sindicales, estuvieron dispuestas en la mañana de este sábado para participar en el segundo Encuentro Nacional de Trabajo Doméstico, organizado por la Escuela Nacional Sindical (ENS), en Medellín.
La consigna “#SacudirLaIndiferencia” y la intención: Analizar la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia que hace referencia sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y consolidar alianzas intersectoriales para impulsar estos derechos.
Pero, ¿cuántas personas se dedican en Colombia a estas actividades? La Gran Encuesta Integrada de Hogares que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revela que entre 2010 y 2017 los avances fueron ínfimos en la materialización de los derechos de las trabajadoras domésticas que han sido regulados por ley.
Para el año pasado, según el Dane, en el país había 680.566 personas dedicadas al trabajo doméstico, de las cuales el 98 % son mujeres, lo que representa el 3 % de la población ocupada. En 2016 se contabilizaron 677.218 personas en estos oficios.
Apoyada en las cifras oficiales, Ana Teresa Vélez, vocera de la ENS, sostuvo que en la zona rural existen 3.888 menores de edad como trabajadores domésticos. Añadió que el 56 % de la población trabajadora doméstica es mayor de 40 años, y el importante 8,4 % de la trabajadoras domésticas cuenta con 60 años de edad o más, es decir 57.167 personas.
También comentó que la población trabajadora doméstica está concentrada en un 90 % en estratos bajos. “El trabajo doméstico continúa siendo una actividad laboral de las mujeres segregadas económicamente. Un trabajo que por sus características de precariedad en el acceso a derechos impide la movilidad social”, manifestó.
Los contratos
Durante el Encuentro, celebrado en el hotel Dorado la 70, en el occidente de Medellín, se indicó que el promedio de duración del desempleo de las trabajadoras domésticas es de aproximadamente un año y medio y que el contrato verbal es la forma que prevalece en la relación laboral con un 88,6 %, mientras el contrato escrito, aumentó en términos mínimos pasando de 9,8 % a 11,3 %.
En ese contexto, Vélez precisó que el 76,6 % es contrato a término indefinido y el 22,9 % a término fijo. “Pero, en la lógica del contrato verbal esto se debe a la indecisión por parte del empleador de hasta cuando requerirá del servicio prestado, más allá de que haya un acuerdo de generar una relación contractual en condiciones de estabilidad prolongada”.
También fue llamativa la baja afiliación al régimen contributivo de salud, que no varía en los últimos años y se mantiene en 39 %. Igual para la afiliación a pensión, que se ubica en 18 %. “Ha aumentado un poco más de 2 puntos el goce del derecho a vacaciones (25,8 %) remuneradas y a cesantías (26,1 %) y casi dos puntos, la afiliación a riesgos profesionales (17,5 %). Y la prima de Navidad no aumenta de manera importante a pesar de su consagración legal (ley 1788 de 2016).
Finalmente, sobre la remuneración se aseguró que el 61 % gana menos de un salario mínimo legal mensual vigente, el 77 % recibe alimentos como pago en especie y el 99 % no recibe pago de horas extras.
“Todos estos indicadores nos muestran que no se han generado avances significativos en materia de formalización laboral de las trabajadoras domésticas y está todo por hacer para alcanzar condiciones de trabajo decente para esta población altamente vulnerada por sus características de género, etarias, raciales y socioeconómicas”, concluyó Vélez.
La historia
A la reunión en la capital antioqueña llegaron trabajadoras de Urabá, Cartagena y Neiva, entre ellas Ladicel Mosquera, quien representa a 110 mujeres sindicalizadas en la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd), dedicadas a estos oficios en Apartadó, Carepa y Chigorodó, en Antioquia. “Ellas se afilian con el propósito de defender sus derechos laborales y en búsqueda de asesoría para que sus patronos les cumplan con lo que mandan las normas”, declaró.
La dirigente, oriunda de Riosucio, Chocó, desplazada y víctima de la violencia, dijo que la apuesta es más alta y en esto la capacitación es esencial. “Hemos hecho gestión con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para que nos instruya en áreas relacionadas con nuestro oficio. También tenemos alianzas con otras entidades que nos apoyan en temas de violencia y abuso sexual”.
Y es que estas trabajadoras enfrentan múltiples formas de vulneración de sus derechos. “Principalmente conocemos de casos de violencia sexual, maltrato, y discriminación. Tuvimos a una compañera que por estar embarazada la despidieron y con la intervención del Ministerio de Trabajos logramos que la liquidaran debidamente”.
Y de las afiliadas al sindicato en Urabá, ¿cuántas recibieron prima en junio? “No hemos consultado, pero tres me han comentado que les cumplieron con esa obligación”.
María Roa, presidenta de Utrasd en Medellín, añadió que los reclamos más constantes entre las 450 trabajadoras asociadas figuran la falta de pago y la discriminación racial.