Después de un año de haber sido desvinculado de su último trabajo con una empresa, José Ricardo Castañeda, de 45 años, vio en su carro, un Kia modelo 2018, una oportunidad de empleo haciendo viajes en Uber, y otro par de aplicaciones de transporte.
“Que salga Uber es mala noticia porque es mi fuente de ingresos, de unos 700.000 pesos al mes. Lo bueno es que hay otras plataformas que van a servir, y que incluso ya estaba utilizando más”, dice el conductor.
Ayer, con un mensaje a sus 2 millones de usuarios y 88.000 socios conductores en el país, Uber, que inició operaciones en 2013, dijo adiós al mercado nacional a la espera de que se convierta en “un hasta pronto”. La decisión la tomó luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) prohibiera su funcionamiento por competencia desleal contra los taxistas.
“Es una decisión apresurada. Le quedaba un compás de espera de al menos cuatro meses para ver cuál era el concepto del Tribunal Superior de Bogotá por la apelación presentada”, afirma Julio José Orozco, abogado especialista en comercio y quien desde hace cinco años investiga el caso de la plataforma en el país.
La disputa
Para Orozco la pelea hasta ahora empieza y el hecho de que el estado colombiano, con esta decisión, haya podido violar parte de los acuerdos del TLC con Estados Unidos –por no garantizar el libre ejercicio de plataformas digitales– va a hacer más difíciles las cosas para el país.
“A eso habría que sumarle que la confianza en la estabilidad jurídica flaquea. Se sentó un precedente que afectará a las demás plataformas”, añade Daniel Medina, exministro TIC.
“Pero se necesitaba, desde hace seis años estábamos en mora de que ocurriera. La cancha estaba desbalanceada y no era justo con los formales”, puntualiza Fabián Quintero, gerente de Taxi Individual. A lo que se refiere es a que a Uber no se les está exigiendo el pago de seguros que sí se le piden al transporte público, o el pago del cupo, que en Medellín ronda los 68 millones de pesos.
Por ese argumento la SIC resolvió que Uber generaba competencia desleal. “Dijo les estaba quitando clientes de manera ilegal a los taxistas. Creo que fueron los usuarios quienes decidieron cambiar de servicio sin una manipulación ilícita”, recalca Orozco (ver Radiografía).
El experto explica que defensa de Uber va por dos vías: no es una empresa de transporte, sino una plataforma que conecta a quien tiene un auto, con quien busca movilizarse. Segunda: “el código del comercio (art. 981), dicta que una persona puede sacar provecho económico de su vehículo por transportar a alguien de un punto a otro”.
Pero, el Ministerio de Transporte recordó que las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 exigen que sea el Estado quien habilite a empresas y vehículos que quieran prestar ese servicio.
Esto quiere decir que Didi, Cabify, Beat o InDriver tendrán que regirse bajo el marco normativo que regula el transporte público de pasajeros, de lo contrario no podrán operar.
Lo que viene
Medina y Orozco creen que habría cabida para todos los servicios, siempre y cuando el marco normativo se acople, o “la interpretación sea flexible”. Eso incluye que Uber, que en 10 países debe garantizar la seguridad de los pasajeros.
También contar con conductores calificados y manejo de las tarifas: el cobro debe ser controlado, para que no ocurra como en Nueva York en 2016, que tras un atentado, ante la demanda, el precio subió.
El MinTransporte dijo que esta decisión no genera trabas para el desarrollo tecnológico pues existe la neutralidad de la red gracias a la Ley 1450 de 2011, y que por el contrario, se da la oportunidad para “realizar reformas en el Congreso para prever fenómenos nuevos de economía colaborativa” .
$70.000
millones ha pagado Uber por impuestos en Colombia en el último año y medio.
