El Estado colombiano tiene vigentes 10 demandas de multinacionales, litigios que suman 5.300 millones de dólares. La más reciente, instaurada por Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), se tasó en cerca de 1.600 millones de dólares el pasado 15 de junio ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
La firma española Naturgy argumentó la demanda por cuenta de la liquidación que llevó a cabo el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, el 14 de marzo de 2017, de su contrato en Electricaribe. El ente regulador dijo en ese momento que la firma no daba abasto con la demanda que le exigía los 2,5 millones de usuarios en la región Caribe.
Ante la acción legal de la entonces conocida Gas Natural Fenosa, fuentes del gobierno le dijeron a EL COLOMBIANO que la defensa se está preparando, y que por ahora, la nación tiene un plazo de seis meses para dar respuesta a la demanda interpuesta.
De igual forma, voceros de la empresa le dijeron a este medio que “en realidad se trata de un hecho que se había anunciado, y que a pesar de mantener la demanda, la solución al pleito se espera que sea de acuerdo mutuo”.
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, expresó el 27 de junio de este año que esperaba una solución de común acuerdo una vez se posesionara el nuevo presidente: “lo iremos a ver para evaluar si hay forma o no de resolverlo. Yo voy donde me llamen, porque soy consciente de que estas cosas se deben resolver ‘one to one’ (uno a uno)”.
La acción de la empresa española se constituye como la más importante en monto. La segunda más relevante, y que sigue en curso, fue la que llevó a cabo en 2016 América Móvil (dueña de Claro), tras alertar sobre violaciones de Colombia al Tratado de Libre Comercio con México; la cifra de ese pleito se ubicó en 1.020 millones de dólares, 273 millones más de lo que Colombia exportó a mayo de este año hacia México (747 millones de dólares).
Si las 10 acciones que cursan contra Colombia de multinacionales se resolvieran a favor de las demandantes, el país tendría que pagar unos 15,3 billones de pesos; en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) de 2017 (912,5 billones de pesos) corresponde al 1,6 %.
En comparación con el total de pleitos legales contra el Estado, de 360 billones de pesos, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la representación de estas disputas sería del 4,1 % (ver Informe).
Regístrate al newsletter