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El concepto desfavorable de la Contraloría General de Medellín sobre la compra de Aguas Antofagasta (Adasa) por parte de EPM en Chile, sirvió para que las concejalas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga exigieran la salida de varios funcionarios, a quienes responsabilizan de haber participado en la transacción que habría causado un detrimento de 561.729 millones de pesos.
Para ellas es urgente que sean apartados los vicepresidentes Ejecutivo y Financiero Jorge Tabares y de Estrategia y Crecimiento Gabriel Jaime Betancourt, así como la secretaria General de EPM, Maritza Alzate. “Ellos deben ser retirados para que les permitan a los órganos de control hacer su trabajo”, enfatizó Aguinaga.
Por su parte, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la...
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