Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a través de la Veeduría Ciudadana ‘Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida’, interpusieron una acción de cumplimiento para que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía gestionen de inmediato recursos para el Fondo Empresarial.
El objetivo, afirmaron, es financiar a Air-e, garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.
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La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, sostiene que los recursos pueden obtenerse mediante garantías y créditos de la Nación, instrumentos destinados a asegurar la continuidad de este servicio esencial, sin implicar gastos presupuestales adicionales no previstos.
Crisis financiera y operativa de Air-e Intervenida
La Veeduría Ciudadana advirtió que la iliquidez de Air-e ha provocado incumplimientos en sus obligaciones, afectando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las deudas totales de la compañía alcanzan $3,6 billones, de los cuales $1,7 billones se acumularon durante el primer año de intervención. La deuda con generadoras de energía, que antes era de $825.000 millones, ahora supera los $2,4 billones, triplicándose en solo un año.
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Air-e atiende alrededor del 11% de la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN), recaudando cerca de $41.000 millones mensuales para remunerar la transmisión. La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte, donde representa el 44% de la demanda.
Deficiencias en la gestión del Gobierno
La acción de cumplimiento coincide con el primer año de intervención de Air-e por parte de la Superservicios, marcado por graves deficiencias.
Según los gremios, nunca se presentó un plan de intervención previo que definiera estrategias para estabilizar la empresa, asegurar el suministro eléctrico y proteger a los usuarios y demás actores del sector.
Afirmaron que el plan de inversiones para modernizar y mantener la distribución permanece paralizado, lo que deteriora la calidad del servicio. La amenaza de apagones crece en Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras que para 2026 la empresa deberá comprar en bolsa el 70% de la energía que necesita, aumentando costos que repercutirán en las tarifas para los usuarios.
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“Durante este primer año de intervención, Air-e ha tenido dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes de servicios públicos y cuatro agentes interventores, evidenciando debilidad institucional. Además, la Procuraduría y la Fiscalía investigan presuntas irregularidades en la administración de la empresa”, indicaron en el comunicado.
Búsqueda de control social y acceso a la información
La Veeduría Ciudadana informó que solicitó información y entablado diálogos con los interventores y autoridades nacionales sin éxito. Por ello, también presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para garantizar derechos al debido proceso, derecho de petición y acceso a la justicia, recurso actualmente en espera de pronunciamiento de la Alta Corte.
“Seguimos dispuestos a utilizar todos los mecanismos para garantizar las condiciones que eviten un apagón y aseguren un servicio estable y de calidad para los usuarios”, señalaron los representantes de la veeduría.
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Integrantes de la Veeduría Ciudadana
La Veeduría está conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y Andi Atlántico-Magdalena.
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