El sueño del abogado Ignacio Gaitán Villegas como gerente general de iNNpulsa es lograr que, en 2019, de cada siete pesos que ponga la entidad para proyectos, al menos tres los pongan otras carteras del Estado para que todos financien el emprendimiento e innovación en Colombia. En los países en los que ya está muy consensuado este tipo de comportamiento la proporción de financiamiento es 60 %, 40 %. El reto es grande, si se tiene en cuenta que en 2032 se espera que Colombia sea una de las economías más competitivas de América Latina.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Gaitán reveló que antes de cumplir los 100 días del gobierno, iNNpulsa lanzará tres fondos nuevos, por 15 mil millones de pesos.
¿Cuál es el objetivo de iNNpulsa en este gobierno?
“Que un presidente hable de tres palabras y una de ellas sea emprendimiento genera un cambio cultural fuerte. El presidente no quiere que seamos administradores de fondos. iNNpulsa hace emprendimiento, innovación y clústeres. Nos ha pedido que seamos articuladores del Estado en el emprendimiento”.
¿Van a administrar todos los fondos de emprendimiento e innovación?
“Espero que no, pero sí coordinarlos. El propósito está en la expresión de management, orquestar. Que cuando un ciudadano de a pie quiera llegar a recursos sepa dónde tocar la puerta. Un emprendedor no sabe dónde llegar y hay mucha oferta. Hoy hay 7 fondos para economía naranja, pero como no están articulados entonces se pierden”.
¿Una ventanilla única?
“Tú los has dicho. Sabemos que estamos en reducción de trámites en emprendimiento, el Ministerio de Comercio está levantando los primeros 50, en los primeros 100 días. Vamos a levantar obstáculos, para una hoja de ruta clara”.
¿Con los objetivos que tiene iNNpulsa, con qué presupuesto espera trabajar?
“El presidente Iván Duque aseguró que presupuesto iba a ser el doble, y en Palacio me lo ratificaron, pero no lo hemos concretado. Hoy tenemos fondos activos por 490 mil millones de pesos. Hay una meta para 2019: de cada siete pesos que pongamos, otra entidad ponga tres, para llegar en cuatro años a un modelo 60 % - 40 %; así terminar con la cultura de que solo hay una parte que se compromete”.
¿Le hace falta al ecosistema de innovación, una ley?
“No sé si una ley, porque intentamos ser legislativamente más prácticos. Vamos a tratar de recoger una política, en una norma o en la forma jurídica como se exprese”.
¿Cuál será la hoja de ruta?
“Llevo tres semanas y la hoja de ruta la estamos construyendo. Hice un levantamiento de información, y encontré en emprendimiento 17 actores en el sector público, y once en innovación. La idea es que nos ordenemos”.
¿Cuál es el diagnóstico?
“Hay una multiplicidad de actores, fondos y trámites”.
Uno de los principales retos está en la financiación...
“Nos ha costado mucho trabajo sacar un verdadero fondo de capital en iNNpulsa. El marco regulatorio es complejo y no hay fondos de capital de riesgo para emprendedores, porque se les pide los mismos requisitos que un fondo de capital normal. Lo que pasa es que se han buscado alternativas paralelas y eso es absurdo. Estamos tratando de crear una mesa para reformar las normas. De hecho, vamos a sacar un fondo en la primera semana de noviembre de más de 10 mil millones para esto.”
¿Qué hacer con la financiación de compañías a las que les duele crecer?
“A la gente le encanta invertir cuando son semilla o son grandes, maduras y con barba. En ese valle de la muerte no hay casi financiación. La instrucción es que nos paremos en iNNpulsa en el escalamiento desde el quinto año. Vamos a hacer un fondo específico para eso, para bajar la siniestralidad de estas empresas (que hoy está en el 70 % y la meta es bajarla a 40 %).
Y finalmente, ¿cuántos fondos nuevos habrá?
“Antes de que terminen los 100 días estarán los fondos para: proyectos naranja, el de la inclusión, y el de inversión para que las empresas no caigan en el valle de la muerte. Serán de por lo menos 15 mil millones de pesos. También estamos construyendo la fábrica de la innovación para el sector público, un espacio físico en Teusaquillo (Bogotá) para que el Estado tenga un lugar de coworking público (Ver ¿Qué Sigue?)
