La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Kimberly, Carvajal Educación y Scribe por presuntamente haber conformado un cartel empresarial de producción, distribución y comercialización de cuadernos. Las dos últimas concentran 62 por ciento del mercado con sus marcas Norma, Kiut y Scribe.
En el proceso también se abrió una investigación contra 27 exdirectivos entre los que resaltan Felipe José Alvira Escobar, gerente general de Kimberly Colpapel; Gladys Helena Regalado Santamaría, presidente de Carvajal Educación y Antonio Martínez Báez Prieto, CEO de Scribe Colombia.
Juan Carlos Martínez, abogado experto en Derecho de la competencia del consumidor explica que “cuando se definen unas reglas artificiales de mercado y se falsea a la competencia estas le permiten al empresario, sin tener que acudir a un mayor esfuerzo, asegurar su presencia, lograr ingresos específicos y no tener que preocuparse por la necesidad de ofrecer un mejor producto”.
Entre las pruebas que se puntualizan en el expediente se encuentran correos electrónicos, declaraciones de funcionarios y exfuncionarios de las empresas involucradas y evidencias materiales probatorias que dan cuenta de más de 14 reuniones llevadas a cabo en hoteles, clubes, restaurantes y oficinas en Colombia y México.
Aproximadamente durante 13 años (2001 – 2014) se habría configurado, estructurado e implementado las condiciones que violarían las normas de libre competencia como fijar artificialmente los precios, políticas y estrategias de comercialización y mercadeo, estrategias financieras y de crédito y restringir concertadamente el abastecimiento y distribución en los diferentes canales de comercialización.
En Colombia, 3,7 millones de hogares compran útiles escolares y más de 9,5 millones de estudiantes menores de 24 años asisten a un establecimiento educativo y son consumidores de cuadernos. En este periodo se vendieron en el país 1.183 millones de cuadernos por un valor aproximado de 2 billones de pesos.
En el marco del programa de beneficios por colaboración, dos de las firmas suscribieron un acuerdos con la SIC para recibir beneficios por haber delatado la existencia y funcionamiento del presunto cartel y haber aportado las correspondientes pruebas.
Guillermo Navarro, de Muñoz Abogados, considera que “las tácticas de la SIC ante estas conductas anticompetitivas están dando muy buenos frutos y constituye un buen incentivo para destapar las firmas que infringen a ley, pues estas detallan que si una empresa hace parte del cartel, y decide hablar casi que lo pueden exonerar del todo económicamente hablando por el simple hecho de delatar”.
