La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una actuación administrativa con el propósito de establecer si Zoom Video Communications INC, una popular plataforma de videoconferencias, cumple o no con la regulación colombiana relativa a los principios de seguridad, acceso y circulación restringida.
En un comunicado, el ente regulador explicó que busca establecer si dicha empresa ha implementado el principio de responsabilidad demostrada en el tratamiento de los datos de los ciudadanos que usan sus servicios.
“La decisión de iniciar esta actuación fue tomada por la SIC tras evidenciar que, como consecuencia de la pandemia del covid-19, la gran mayoría de ciudadanos se han visto forzados a usar aplicaciones de software de videoconferencia para seguir comunicándose para fines laborales y personales”, se lee en el texto.
Ley 1581 de 2012
El exsuperintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena, estimó que la investigación busca establecer si Zoom se ajusta a la normativa colombiana de protección de datos personales.
“La SIC debe estar revisando si se cumplen los principios de seguridad y privacidad, cuando hay intercambio de información personal de imágenes y correos electrónicos como el que ofrece esta plataforma”, comentó.
En ese contexto, la Superintendencia dijo haber observado que los servicios de Zoom, que incluyen conferencia remota, reuniones en línea, chat y colaboración móvil, tuvieron un abrupto crecimiento en el último trimestre, pasando de 10 millones de usuarios a finales de 2019, a más de 200 millones en la actualidad en el mundo, según la Revista Forbes.
“Paralelo a este crecimiento exponencial, han surgido cuestionamientos sobre aspectos de seguridad y privacidad de la plataforma tecnológica que ofrece Zoom, tales como los que expuso recientemente el profesor de la Universidad de Harvard, Bruce Schneier”, agregó la comunicación de la SIC.
Como resultado de esta investigación y en caso de hallar incumplimientos y violaciones a los derechos de los usuarios, Valbuena manifestó que la empresa podría ser sancionada con una multa de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes (unos 1.755 millones de pesos) e incluso suspender sus operaciones en el país.
