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Los elefantes que la Superfinanciera no vio en Interbolsa
La Procuraduría califica de compleja la decisión de confirmar o revocar la destitución del Superfinanciero.
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02 de diciembre de 2014
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En su empeño profesional por librar al Superfinanciero Gerardo Alfredo Hernández Correa de la destitución e inhabilidad que por 12 años le impuso la Procuraduría General de la Nación, su abogado defensor atribuyó la responsabilidad sobre una de las presuntas faltas a un funcionario de menor rango.
La historia está en las 287 páginas del fallo de única instancia que el procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, divulgó el 7 de noviembre de 2013. En este sancionó a Hernández Correa y a varios superintendentes delegados por no haber tomado medidas preventivas frente a la manipulación de las acciones de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por parte de Alessandro Corridori y por no denunciarlo a tiempo en la Fiscalía. Ese presunto delito, sumado al colapso de Interbolsa y el Fondo Premium, tiene un saldo de 2.072 inversionistas damnificados, con 800.000 millones de pesos en riesgo.
La valorización del título de la textilera fue sorpresivo. Pasó de 26,90 pesos a finales de 2009 a más de 90 pesos en octubre de 2012. En concepto de la Procuraduría, desde enero de 2012 la Superfinanciera sabía lo que estaba pasando con esa acción, pues un informe preliminar del ente de vigilancia y control del sector financiero concluyó que Fabricato sufrió en 2011 un cambio estructural, “que no encuentra sustento en aspectos fundamentales de la empresa ni en la información eventual y pública de la misma”.
Ese análisis tenía pruebas sobre vínculos entre los diversos inversionistas que jugaban con la acción, las relaciones de vocería y amistad, contratos de cuentas de participación en los que participaba Corridori, operaciones preacordadas, etc.
Aún así, la Procuraduría situó en el 18 de julio de 2012 la fecha clave en que la Súper debió intervenir. Ese día Hernández Correa citó a una reunión en su despacho. Allí, Juan Pablo Coy Navarro, director de Conductas de la Delegada para Riesgos de Mercado e Integridad, mostró tal seguridad sobre la manipulación de la acción de Fabricato, que para él lo ilustrado en la presentación de power point “era tan claro como el agua del río Bogotá en su nacimiento“ mientras que los asistentes replicaron: “no, eso es tan claro como el agua del río Bogotá en el salto del Tequendama”.
Tiró un salvavidas
En declaraciones a la Procuraduría, Coy Navarro intentó lanzarles a sus superiores un salvavidas. Su gesto no fue valorado.
Para desencartar al máximo jefe de la Súper de la presunta falta de omisión de denuncia ante la Fiscalía, su abogado, Jaime Camacho Flórez, argumentó que “el cargo está indebidamente formulado en las personas, porque los responsables de la omisión de denuncia serían los inspectores y sin la menor duda el señor Juan Pablo Coy quienes conocieron de primera mano de la posible manipulación de la acción de Fabricato y no el Superintendente Financiero, quien no conocía de los informes preliminares que según la Procuraduría le fueron puestos de presente en febrero y julio de 2012, informes que no fueron elaborados por ciudadanos particulares sino por servidores públicos en ejercicio de sus funciones”.
La Procuraduría desestimó ese argumento y aclaró que no formuló cargos contra Coy “en el entendido de que los avances investigativos fueron puestos en conocimiento del Superintendente Delegado para Riesgos de Mercado e Integridad, la Superintendente Delegada Adjunta para Conductas de Mercado, y el propio Superintendente Financiero a quienes correspondía concomitantemente a la propuesta o adopción de una medida preventiva, analizar igualmente la razonabilidad y sobre todo obligatoriedad legal de informar a la Fiscalía General de la Nación de la presencia de un posible delito de manipulación de especies”.
Y, agregó el propio procurador Ordóñez Maldonado, que si tal obligatoriedad no hubiera recaído sobre el Superfinanciero o, inclusive, sobre la Superintendente Delegado Adjunta para Riesgo de Mercado, “no se entendería cómo procedieron a presentar, el primero una denuncia ante la Fiscalía el 14 de noviembre de 2012 en cuanto a la manipulación del precio de Fabricato y la segunda una denuncia por la manipulación de la liquidez de BMC (Bolsa Mercantil de Colombia) el 23 de enero de 2013, e indudablemente queda en grado de certeza también la omisión del investigado Herrera Falla en haber cumplido con el deber legal de denunciar”.
Como colofón, el procurador hizo el siguiente reproche: “no es razón para librarse de la responsabilidad propia predicar la que podría generarse en cabeza de los otros funcionarios de la SFC, máxime cuando los mismos son subalternos de la máxima autoridad supervisora”.
Para la Procuraduría el Gobierno actuó tarde. Interbolsa colapsó el 2 de noviembre de 2012 y arrastró al Fondo Premium y a los accionistas de buena fe de Fabricato. La permanencia en el cargo del Superfinanciero y los superintendentes delegados sancionados por Ordónez Maldonado sigue en vilo, pues el ente disciplinario lleva casi un año sin resolver el recurso de reposición que interpusieron los encartados. El argumento de Hernández Correa es que la decisión del procurador “ocurre por una diferencia de criterio respecto a la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión de la Superfinanciera” .
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