La corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo democrático y social en Centroamérica. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 confirma un panorama regional marcado por el estancamiento, la impunidad y el debilitamiento institucional, con Nicaragua y Honduras entre los países peor evaluados del continente.
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El IPC, considerado uno de los principales indicadores mundiales para medir la corrupción en el sector público, califica a 180 países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa altos niveles de corrupción y 100 mayores estándares de transparencia. El promedio de Centroamérica se mantiene en 31 puntos, muy por debajo del umbral de 50 que sugiere estándares aceptables de integridad pública.
Nicaragua, el más corrupto de Centroamérica
Honduras: deterioro institucional sostenido
Honduras se mantiene con 22 puntos, repitiendo la peor calificación de su historia desde que se mide el índice.
El informe advierte un profundo deterioro institucional, caracterizado por la debilidad de los órganos de control, la captura política de instituciones clave y una corrupción que afecta directamente sectores como salud, educación y energía. Organizaciones locales señalan que el problema debe entenderse como estructural y no únicamente como una falla administrativa.
Uno de los casos más sensibles mencionados es el del sector energético, donde millonarias transferencias públicas han reducido la capacidad de inversión en áreas sociales estratégicas.
¿Qué está pasando en Centroamérica?
Más allá de Nicaragua y Honduras, la región muestra señales de estancamiento con mejoras marginales que no logran consolidarse.
Costa Rica continúa como referente regional con 56 puntos, aunque registró una leve caída respecto al año anterior. Panamá permanece estancada en 33 puntos, reflejando la falta de avances estructurales en la lucha anticorrupción.
El Salvador presenta una leve mejora al alcanzar 32 puntos, pero el informe advierte sobre la concentración de poder y el debilitamiento de contrapesos institucionales. Guatemala, con 26 puntos, sigue enfrentando serios desafíos relacionados con la cooptación del sistema de justicia y la falta de sanción efectiva en casos de alto nivel.
En conjunto, el estudio concluye que las reformas anticorrupción impulsadas en los últimos años han sido insuficientes o meramente discursivas, sin traducirse en transformaciones reales en la gestión pública.
¿Cómo le fue a Colombia en el informe?
En el panorama latinoamericano, Colombia se mantiene en una franja media-baja, con retos estructurales relacionados con la independencia judicial, la efectividad en la sanción de la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
Aunque el país no figura entre los peores evaluados de la región, el informe advierte que sin sistemas judiciales independientes, órganos de control eficaces y ciudadanía activa, América Latina continuará atrapada en un círculo de corrupción, impunidad y debilitamiento democrático.
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