En Colombia se han presentado 15 reformas tributarias, de las cuales se han aprobado 13, hasta el momento.
Parece un hecho que el gobierno de Gustavo Petro intentará, por tercera vez, presentar una reforma tributaria ante el Congreso de la República. Esta sería la número 15 en la historia del país.
Mientras que en otros países este tipo de reformas se realizan solo cuando existen necesidades muy específicas, en Colombia se han vuelto una costumbre, con propuestas que cada cierto tiempo buscan generar ingresos adicionales significativos sin importar el gobierno de turno.
De hecho, la nueva tributaria del presidente Petro será la número 15 en lo que va del siglo XXI en Colombia, o la número 13 si no se incluye la fallida propuesta del exministro Alberto Carrasquilla, que desencadenó el estallido social en 2021, así como tampoco la Ley de Financiamiento del actual gobierno, que se hundió el pasado diciembre.
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Así las cosas, Petro habría presentado el 20% de las reformas tributarias intentadas en este siglo en Colombia.
Esto significa que, en promedio, se presenta una reforma cada 1,6 años.
Según cálculos de Asobancaria, Colombia es el segundo país de la región con más reformas tributarias en este siglo, solo superado por Ecuador, que ha registrado 22.
Un análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que esta “tradición” se remonta incluso al siglo XX. “La búsqueda de recursos fiscales para cubrir los déficits sistemáticos del sector público, en las últimas décadas, ha generado la necesidad de realizar reformas tributarias con creciente frecuencia”, indica el informe.
Además, el DNP advierte que esta situación ha convertido a Colombia en uno de los países con mayor variabilidad en sus reglas impositivas, así como con una de las cargas tributarias más altas en América Latina.
El fracaso de muchas de estas reformas, que obliga a introducir nuevos ajustes al sistema tributario, se explica en gran parte por la existencia de numerosas exenciones, además de los mecanismos de evasión y elusión fiscal, que provocan la pérdida de enormes recursos para el Estado.
Según cifras del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estas prácticas le cuestan al país entre 50 y 80 billones de pesos cada año.
La nueva intención del Gobierno se conoció en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el pasado viernes.
Según se reveló en ese espacio, la estimación del Ministerio de Hacienda sería recaudar un monto que oscila entre los $19,6 y $25,4 billones.
Este proyecto se radicaría en el Congreso a finales de julio de 2025, según el cronograma del Ministerio de Hacienda.
Allí tendrá que ser debatida, pero los analistas consideran que será difícil lograr una aprobación.
