Pocas empresas en Colombia tienen la fortuna, pero también la inmensa responsabilidad, de poner a rentar el ahorro pensional obligatorio obligatorio de 3,92 millones de trabajadores colombianos, los ahorros adicionales de 273.895, y los recursos para tiempos de desempleo de 2,38 millones, sin contar la mesada mensual de 35.076 de jubilados.
Esa tarea implica administrar recursos por 73 billones de pesos, que corresponden a un 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y está en manos de Protección, filial del Grupo Sura y que fue creada el 12 de agosto de 1991, para administrar cesantías.
En 1993, con la Ley 100 se dio vida a los fondos privados de pensiones (AFP) y Protección comenzó desde 1994 a ser uno de los administradores del ahorro para la vejez.
Luego de 25 años, Protección es una de las cuatro administradoras privadas de fondos de pensiones y cesantías (AFP) que quedan en el país, y con 2.000 empleados debe responder a la confianza depositada por 6,5 millones de colombianos.
Con presencia en 29 ciudades del país, solo en Antioquia registra 908 mil afiliados en pensiones obligatorias, 73 mil en voluntarias y 680 mil en cesantías, cuyos aportes y rendimientos suman 19,7 billones de pesos en ahorros.
“Creamos plataforma que ha trascendido de pensar en ser una administradora tradicional de fondos, para acompañar proyectos de vida de cada uno de nuestros clientes también con otros productos como seguros y créditos”, respondió ayer a EL COLOMBIANO el presidente de Protección, Juan David Correa Solórzano, quien desde mayo sucedió a Mauricio Toro Bridge.
Aunque el ejecutivo se abstuvo de revelar la meta de crecimiento en el monto total de los fondos administrados por la compañía, sí reconoció que las volatilidades de los mercados de capitales se han reflejado en menores rendimientos en algunos de los 20 portafolios de inversión y 30 alternativas que tiene Protección.
“La diversificación y la disciplina de inversión son las que acompañan la estrategia en función del mediano y largo plazo”, precisó Correa.
Frente al futuro previsional del país, como sus colegas, insiste en la necesidad de una reforma pensional que no da espera. Pero lo cierto es que en los tiempos del Gobierno está primero una reforma tributaria. Sobre ella, Correa comentó que es necesaria para alejar la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión que le han dados las calificadoras internacionales de riesgo.
En términos prácticos, esa posibilidad no solo encarecería el crédito, sino que Colombia perdería atractivo ante los inversionistas y esto impacta el mercado accionario, donde Protección y demás fondos son jugadores relevantes.
Finalmente, sobre la apuesta de apalancar los proyectos viales de cuarta generación (4G), Correa no anticipó noticias adicionales a lo que ya se conocía sobre los 200 mil millones de pesos inyectados en un fondo de inversión de deuda.
Pero sí mostró el interés de seguir evaluando inversiones en los proyectos: “Ve una gran posibilidad, en la medida que revisamos y hacemos un análisis detallado de cada uno de los proyectos”, concluyó.
