Reducir los costos laborales no ha logrado resolver el problema. El reto estaría en la productividad, los ingresos de los trabajadores y los incentivos para cotizar.
Colombia lleva años intentando reducir la informalidad laboral con menores costos de contratación, pero esta estrategia no ha sido suficiente para lograr un cambio de fondo. El desafío va más allá de abaratar el empleo: también exige mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas.
Así lo plantea Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, quien cita una evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre la reforma tributaria de 2012. Según esa estimación, la medida habría reducido la informalidad entre dos y cuatro puntos porcentuales; sin embargo, el indicador se habría mantenido alrededor del 65%.
El resultado, señala el investigador, muestra que reducir los costos laborales puede contribuir a la formalización, pero no basta para resolver el problema.
Las políticas de formalización han pasado de centrarse en los costos laborales de las empresas a buscar menores costos de afiliación a la seguridad social, especialmente para trabajadores independientes.
No obstante, sus ingresos promedio son tan bajos que pagar el costo completo de la formalidad puede resultar inviable. La formalización debe considerar los ingresos y la capacidad de pago de cada trabajador independiente en Colombia.
Farné también advierte que el acceso a la salud a través del régimen subsidiado puede reducir los incentivos para cotizar. Según explica, si las personas de bajos ingresos reciben servicios de salud prácticamente gratuitos y similares a los del régimen contributivo, disminuye el incentivo económico para realizar aportes.
Otro factor es la protección económica para las personas mayores de bajos ingresos. Farné compara el esquema discutido el año anterior, que contemplaba un ingreso mensual de $230.000, con los $80.000 que se entregaban entonces mediante el mecanismo vigente.
A esto se suman las reglas tributarias que afectan a las pequeñas actividades económicas de personas naturales. Farné señala que el umbral para declarar renta era de 1.400 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a cerca de $70 millones en el año al que hace referencia. Según su planteamiento, quienes no están obligados a declarar renta enfrentan limitaciones para deducir costos en las condiciones descritas. Esto puede encarecer la formalización, pues implica asumir gastos sin poder descontarlos tributariamente de la misma manera.
Vale anotar que para el trimestre móvil mayo- julio, el Dane reportó que la proporción de personas ocupadas informales fue 54,6%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 55,0%.
La brecha entre zonas es amplia. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de ocupados informales fue de 40,6%, mientras que en las zonas rurales llegó al 83,2%.
El Observatorio examinó mediante modelos estadísticos la relación entre formalidad, educación y tamaño empresarial. Los resultados muestran una asociación importante entre esas variables y la productividad.
Una mayor formación mejora la capacidad productiva de los trabajadores, mientras que las empresas grandes suelen disponer de más recursos, tecnología y capacidad operativa que los negocios pequeños. Por eso, la formalización no depende solo de las obligaciones legales, sino también de la capacidad de generar ingresos y sostener empleos formales.
Según este análisis, elevar la productividad de trabajadores y empresas debe ser el eje de una estrategia duradera contra la informalidad.
Al evaluar la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, los datos disponibles muestran que el empleo ha seguido creciendo, aunque aún hay interrogantes sobre los efectos de los cambios normativos.
Entre las señales identificadas está una menor contratación de aprendices y de trabajadores con salario integral. Sin embargo, estos cambios no pueden atribuirse únicamente a la reforma: también influyen la reducción de la jornada laboral y los aumentos del salario mínimo real, es decir, descontando la inflación.
La combinación de estas medidas ha elevado los costos laborales para las empresas. Aun así, las estadísticas disponibles no muestran, por ahora, un impacto negativo generalizado sobre el empleo. Aunque las disposiciones no están dirigidas a estimular la contratación, tampoco hay evidencia de un deterioro significativo del mercado laboral.
“Lo que uno observa con los datos que hay hasta ahora tampoco ha sido un desastre laboral”, sostiene el director del Observatorio.
Los efectos, no obstante, todavía no son concluyentes. Será necesario seguir evaluando las cifras para determinar con mayor precisión el impacto de los cambios laborales.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas frecuentes
Regístrate al newsletter
