MinTIC multó a la empresa con $7.422 millones por incumplimientos en el pago del espectro 5G y la constitución de garantías.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó las actuaciones administrativas adelantadas contra Telecall Colombia, operador que obtuvo un bloque de espectro radioeléctrico en la banda de 3.500 MHz durante la subasta 5G realizada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023.
La compañía fue adjudicataria de un bloque de 80 MHz en esa banda el 20 de diciembre de 2023, tras presentar una oferta económica por $318.333 millones dentro del proceso de selección objetiva adelantado por el Ministerio mediante la Resolución 3947 de 2023 y sus posteriores modificaciones.
Posteriormente, a través de la Resolución 498 del 23 de febrero de 2024, MinTIC otorgó a Telecall un permiso para el acceso, uso y explotación del espectro radioeléctrico por un periodo de 20 años.
Además del pago de la contraprestación económica, el permiso incluyó una serie de compromisos orientados al cierre de la brecha digital en Colombia.
Entre las principales obligaciones adquiridas por el operador se encuentran el despliegue de infraestructura móvil para ampliar la cobertura en corredores viales, la conexión mediante fibra óptica de 343 instituciones educativas, la expansión progresiva de infraestructura móvil en ciudades capitales y municipios con más de 200.000 habitantes, así como acciones para fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones.
Una vez el permiso quedó en firme, el Ministerio inició el seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones.
Durante las labores de vigilancia, la entidad encontró incumplimientos en dos obligaciones consideradas fundamentales para la ejecución del proyecto.
La primera correspondió al no pago oportuno de la primera cuota de la contraprestación económica asociada al permiso de uso del espectro. La segunda estuvo relacionada con la falta de constitución y presentación de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual exigidas para respaldar la ejecución de las obligaciones adquiridas.
Ante esta situación, MinTIC abrió dos actuaciones administrativas mediante las resoluciones 05035 de 2024 y 05033 de 2024.
Posteriormente, el 31 de enero de 2025, el Ministerio resolvió en primera instancia ambos procesos a través de las resoluciones 00316 y 00296. Frente a estas decisiones, Telecall interpuso recursos de reposición y, de manera subsidiaria, recursos de apelación.
Al resolver los recursos de apelación, el Ministerio concluyó que una eventual declaratoria de ocurrencia de la condición resolutoria debía tramitarse mediante el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 1341 de 2009, garantizando el debido proceso y los derechos de defensa de la empresa.
Como consecuencia, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control inició formalmente la actuación administrativa sancionatoria BDI-11784-2026 mediante la Resolución 107 del 6 de marzo de 2026.
Durante el desarrollo de la investigación, Telecall acreditó el cumplimiento de las obligaciones que habían dado origen al proceso:
El 25 de marzo de 2026 realizó el pago correspondiente al 13% de la contraprestación económica, incluyendo la actualización monetaria, por un valor cercano a $46.921 millones.
El 27 de marzo de 2026 constituyó las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual exigidas por el Ministerio.
El 13 de mayo de 2026 las garantías fueron revisadas y aprobadas por MinTIC tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos.
No obstante, la entidad precisó que el cumplimiento posterior de las obligaciones no eliminó la responsabilidad derivada de los incumplimientos previamente verificados.
Tras surtirse todas las etapas procesales previstas en la normativa vigente, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control expidió la Resolución 02044 del 29 de mayo de 2026, mediante la cual impuso a Telecall Colombia una multa administrativa por valor de $7.422.157.961. La decisión quedó en firme el pasado 11 de junio de 2026.
Paralelamente al proceso sancionatorio, el Ministerio evaluó mecanismos para garantizar la ejecución efectiva de las denominadas “obligaciones de hacer” asociadas al permiso de uso del espectro.
Como resultado, el 16 de junio de 2026 expidió la Resolución 02199, mediante la cual ajustó el cronograma de ejecución de estos compromisos.
Según explicó la entidad, la decisión no modifica las condiciones esenciales de la asignación del espectro ni representa una reducción de las obligaciones asumidas por el operador.
Por el contrario, permanecen sin cambios:
El plazo de 20 años del permiso otorgado mediante la Resolución 498 de 2024.
El valor total de la contraprestación económica y su esquema de pago.
Las obligaciones de cobertura.
Los compromisos de conectividad para las 343 instituciones educativas.
Las metas de despliegue de infraestructura móvil.
Las obligaciones asociadas al cierre de la brecha digital.
El objetivo de la actualización del cronograma es asegurar la ejecución material de los proyectos comprometidos, proteger el interés público y garantizar que las inversiones derivadas del permiso se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades y territorios priorizados.
Quién es Telecall Colombia
En su portal corporativo, Telecall se presenta como un nuevo operador de red 5G en Colombia. La compañía asegura contar con más de 20 años de experiencia internacional en telecomunicaciones y operaciones en Brasil, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra.
La empresa ofrece servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet de banda ancha y televisión por cable, y sostiene que busca impulsar la conectividad en el país mediante el despliegue de tecnología 5G.
MinTIC concluyó que las actuaciones adelantadas en este caso evidencian que el Estado dispone de herramientas jurídicas y administrativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los operadores de telecomunicaciones, imponer sanciones cuando corresponda y garantizar que los proyectos de conectividad se ejecuten en beneficio de los ciudadanos.
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