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En este comienzo del año, cuando abrimos el calendario y empezamos a planear y a trazarnos metas, deberíamos hacernos una pregunta íntima: ¿qué nos une cómo país? Más allá de cifras, debates y diferencias, Colombia sigue siendo, ante todo, una comunidad solidaria. Y quizás ahí esté una de las claves más profundas de El país que soñamos.
Hemos hablado de sueños, propósitos, educación, instituciones, liderazgo y futuro, pero ninguna transformación es posible si no nos preocupamos por algo esencial, el sentido de ser una verdadera comunidad. Esa certeza silenciosa de que no estamos solos, de que el otro importa, de que vale la pena vivir juntos. Colombia ha sido un país de ancestros con vínculos fuertes. De vecinos que se cuidan y se apoyan, de familias ampliadas, de redes informales que se sostienen cuando el Estado no llega. En barrios, pueblos y veredas, la comunidad ha sido el sistema de protección y arraigo social. Sin embargo, en los últimos años, ese tejido se ha debilitado. La polarización, la desconfianza, el miedo y el individualismo erosionan la idea de un “nosotros”.
Y cuando se debilita la comunidad, no solo se afecta la convivencia, se resiente la democracia. La democracia no se vive únicamente en las urnas ni se sostiene solo con normas. Se construye -o se destruye- en el día a día, en la capacidad de dialogar, de escuchar, de participar sin imponer, de resolver conflictos sin excluir. Allí donde existen comunidades sólidas, como juntas de acción comunal, juntas administradoras, veedurías, que son dialogantes y participativas, se fomenta la democracia. Allí donde las personas se unen por un propósito, la igualdad y la libertad deja de ser teoría y se convierte en solidaridad y expresión real. Cuando la comunidad se fragmenta, el terreno queda fértil para la intolerancia, el autoritarismo y la imposición.
Pensar y actuar como comunidad no es romanticismo, es un compromiso ético. La libertad no se sostiene en sociedades aisladas o enfrentadas, sino en comunidades capaces de cuidarse, de poner límites al poder, de participar activamente y de construir acuerdos.
Con excepciones, la comunidad se preserva y es nuestra obligación fortalecerla. Está en los maestros que acompañan más allá del aula, en jóvenes que crean espacios para otros, en madres que cuidan hijos que no son suyos, en ciudadanos que se organizan para resolver problemas. Esa energía silenciosa de miles de fundaciones y diferentes formas de asociación de líderes silenciosos y quizás invisibles, continúa sosteniendo al país.
Fortalecer comunidad exige valorar los encuentros, la conversación y la participación. Implica entender que educar bien, exige entornos que acompañen; que la confianza institucional nace de ciudadanos activos; que la seguridad surge del cuidado mutuo; que el desarrollo solo es posible cuando existe respeto y cohesión social. En un país tan diverso, la comunidad no significa unanimidad. Significa convivencia sana en la diferencia.
Abrir el año con esta reflexión no es utopía. Las sociedades que logran preservar su democracia y proteger su libertad no lo han hecho solo con leyes o crecimiento económico, sino cuidando su tejido social. El país que soñamos empiez cuando alguien decide ser mejor vecino, mejor ciudadano, mejor participante de lo común. Tal vez el mayor propósito para el año que sea este, si valoramos nuestras comunidades, podremos preservar la democracia y proteger la libertad.
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