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“Gobernar es administrar las crisis”. La frase suele recordarse cuando la crisis ya ocurrió. Abelardo de la Espriella recibió la primera antes de completar setenta y dos horas en el poder: un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país y convirtió la gestión del riesgo en el primer gran desafío de su Gobierno. No tuvo tiempo para escoger el escenario; la realidad se lo impuso. De la Espriella interrumpió su agenda, se trasladó al centro de la operación y asumió la coordinación de la emergencia. Se activó un Puesto de Mando Unificado y el Gobierno concentró sus capacidades en la situación. La política tuvo que esperar. Eso importa: gobernar no consiste únicamente en fijar un rumbo, sino en decidir qué problema merece toda la atención del Estado cuando una emergencia altera las prioridades.
El terremoto puso a la UNGRD frente a su propio pasado. La entidad que hoy coordina la respuesta es la misma que, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, protagonizó uno de los escándalos de corrupción más significativos de su administración: los carrotanques para La Guajira, que le costaron a su entonces director, Olmedo López, la aceptación de responsabilidad penal por peculado y concierto para delinquir. Esa comparación no es gratuita ni forzada — es la vara con la que cualquier lector honesto debería medir lo que ocurra en las próximas semanas. Cuando una entidad encargada de administrar tragedias termina protagonizando un escándalo de corrupción, el Estado pierde algo más importante que dinero: pierde credibilidad.
De la Espriella pareció entender esa diferencia semanas antes de que el terremoto lo pusiera a prueba. El cambio en la dirección de la UNGRD no fue una reacción de última hora: el 21 de julio, más de dos semanas antes de la posesión presidencial, ya había anunciado que el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán asumiría la entidad, con el encargo explícito de recuperarla — decisión de convicción técnica, no de urgencia mediática. La emergencia solo adelantó el momento de ponerlo a prueba: Tamayo tomó posesión apenas un día después del sismo, según anunció desde Manizales el vicepresidente José Manuel Restrepo, y asumió en medio de la mayor crisis del nuevo Gobierno, sin margen para instalarse antes de demostrar para qué existe la entidad: coordinar rescates, administrar recursos, reconstruir infraestructura, garantizar que el dinero público llegue a donde debe llegar.
Esta crisis todavía no permite declarar que De la Espriella gobierna bien; eso sería prematuro, incluso irresponsable, mientras la cifra de víctimas sigue sin cerrarse. Pero sí puede leerse ya, con la evidencia disponible, que decidió jugarse esta primera prueba con una apuesta distinta a la que hundió a la UNGRD bajo el gobierno anterior: nombrar a un técnico antes de la tragedia, no después del escándalo, y ponerse al frente en persona en lugar de delegar la crisis en un comunicado. Eso no garantiza nada sobre la reconstrucción. Pero hasta ahora es, sin duda, una apuesta distinta — y distinta, en este caso, para bien.
La comparación con Petro, entonces, no sobra: es el punto de partida correcto. La UNGRD no necesita otro escándalo. Necesita volver a hacer aquello para lo que fue creada — eso es lo que el país debería seguir observando cuando pase la emergencia.
