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Nada más nocivo para una democracia que el inicio violento de una campaña presidencial en medio de un gobierno que trasgrede la institucionalidad, al sector privado y a los que piensan diferente. El atentado contra el precandidato Miguel Uribe debió ser repudiado enfáticamente, sin ambigüedades, por el presidente en vez de delirios y señalamientos culposos en su discurso del sábado. Este atentado nos retrocede a 1989, cuando en plena campaña presidencial cayeron asesinados Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán,107 pasajeros de un vuelo comercial, el senador José Antequera y 43 miembros de la Unión Patriótica, un General, un exalcalde de Medellín, 17 periodistas, entre otros.
En medio de un gobierno que desconoce la separación de poderes, como advierte Rodrigo Uprimny, y que promueve la lucha de clases mediante la radicalización parecen perderse los extraordinarios esfuerzos de una institucionalidad que “fue capaz de reaccionar a las amenazas, a sus crisis, al exterminio de sus líderes“ y como parte de ello logró acordar por consenso la Constitución del 91, “garantista e incluyente” (BBC noticias AL, 2019).
El presidente pidió investigar al esquema de seguridad de Miguel Uribe, en vez de condenar el atentado, dar precisas instrucciones, liderar a distintas instituciones del Estado para esclarecer los hechos y exigir llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias; tampoco ha tomado acciones decididas para fortalecer la inteligencia ni los esquemas de protección de precandidatos y congresistas amenazados. Igualmente debió convocar un acuerdo entre el gobierno y los distintos actores políticos y precandidatos para desactivar la polarización que incita odio y violencia, y en particular, moderar su discurso, vr.gr. el “guerra a muerte”.
Durante más de dos años algunos miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe protegieron mi vida, uno de ellos mencionado por el presidente en su alocución del sábado; los reconozco como personas responsables, leales y profesionales en sus labores. Destaco a uno de ellos, que también protegió al exsenador Antanas Mockus, porque es además un gran ser humano. Duele y desmoraliza que el presidente priorice la investigación al esquema de seguridad, sin pedir investigación de como un menor de edad del programa “Jóvenes en Paz” termina disparándole al precandidato Uribe.
Duele que el autor material sea un joven menor de edad; es un indicio de que hemos fallado como sociedad. Nos debe cuestionar gravemente que un menor de edad sea contratado para asesinar, en vez de hacer parte del sistema escolar. Es necesario realizar una revisión exhaustiva, de la mano de expertos y la sociedad civil, del sistema penal de adolescente, pues los hechos demuestran su fracaso y la falta, especialmente, de prevención. Ese es un fenómeno complejo tal y como lo muestra la investigación sobre economía del crimen y los combos de Tobón y Duncan de Eafit, y Blattman y Lessing de la Universidad de Chicago, la cual debe ser base para una pertinente política pública frente al crimen organizado.
Ojalá la vida se ponga del lado de Miguel Uribe, por él y su familia, y por esta democracia en vilo.
