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A los colombianos nos llegó la hora de decidir entre dos caminos: el que conduce a la consolidación del modelo neocomunista instituido por Petro o el que lleva a reafirmar la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, y a recuperar los derechos ciudadanos sobre los intereses de la criminalidad.
Sobran las razones para optar por este último, representado por las fórmulas de Paloma-Oviedo y Abelardo-Restrepo, que con sus diferencias, han sido quienes le han hablado con franqueza al país sobre las causas de la crisis de la salud, el deterioro de la seguridad, la inestabilidad fiscal y el debilitamiento de las relaciones entre las ramas del poder público, que hoy amenaza la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.
Sus propuestas, respaldadas en exitosas trayectorias en los sectores público y privado, tienen como eje la defensa de los derechos y libertades públicas. Ellos buscan devolverle la tranquilidad a los colombianos que en las ciudades son asediados por la delincuencia, y recuperar la presencia efectiva del Estado en las zonas rurales, sumidas en el abandono y sometidas a la intimidación de las estructuras criminales que Petro ha empoderado con su política de Paz Total.
Cepeda - Quilcué, en cambio, validan la desastrosa gestión de Petro, llegando al ridículo de proponer, en su cierre de campaña, “un homenaje nacional... para decirle gracias por haberle cumplido al pueblo colombiano”. Pasó por alto el Heredero que, la política bandera de su mentor, no solo no logró la desmovilización del ELN en los tres meses que prometió en campaña, sino que ha dado lugar al fortalecimiento de todas las estructuras criminales, mientras la Fuerza Pública atraviesa una de sus más graves crisis de liderazgo, desgaste operacional y pérdida de control de corredores estratégicos en todo el país.
El más reciente informe de la Fundación Conflict Responses (Core) advierte que los grupos ilegales alcanzan los 27 mil integrantes (combatientes y redes de apoyo), lo que les ha permitido extender significativamente su presencia criminal frente a 2018, el ELN pasó de 135 a 219 municipios, el Clan del Golfo de 179 a 292, las disidencias de Mordisco de 61 a 133, las disidencias de Calarcá de 30 a 113 y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano de 18 a 42. Además, señala el informe, hoy las estructuras cuentan con capacidad de ejercer “gobernanza criminal”, que implica regulación de la vida de comunidades enteras, por vía del control de economías ilegales e imposición de normas de conducta, control político y social, en vastos territorios.
Votar por el Heredero es premiar la corrupción; las masacres y el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; el deterioro del servicio diplomático; el alza de impuestos, gasolina y precio de la comida; la pérdida de programas como Mi casa ya o Icetex; la destrucción del servicio de salud; la inseguridad energética; el despilfarro y el endeudamiento. Contrario a lo que dijo, Petro llegó a dividir más el país, a debilitar las instituciones y a permitir más muertes, en la supuesta potencia mundial de la vida. El domingo está en nuestras manos la defensa de la Nación.
