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Germán Rodríguez, senador y mayor retirado de la Infantería de Marina al que respeto y aprecio, ha presentado un proyecto de acto legislativo para otorgar el derecho al voto a los miembros activos de la Fuerza Pública. No dudo de su buena fe: busca equiparar los derechos de los uniformados con los de los demás ciudadanos. Pero el asunto afecta directamente la estabilidad de nuestra democracia.
La propuesta ignora la naturaleza especial de la institución castrense y olvida la lección más dolorosa de nuestra historia moderna. Durante la “Violencia” de mediados del siglo XX, el enfrentamiento partidista destruyó el tejido institucional. Policías y militares, contaminados por el sectarismo, perdieron su imparcialidad y terminaron participando en la lucha partidista.
Esa crisis condujo al golpe de Rojas Pinilla en 1953, dictadura que demostró el peligro de que los uniformados asuman un rol de control político. La transición hacia la democracia en 1957 exigió un pacto nacional. La Junta Militar transitoria entendió que para salvar la República era indispensable despolitizar las armas. Bajo el Frente Nacional, trasladaron a la Policía al Ministerio de Defensa, el único sin representación partidista. Allí se consolidó el papel de la Fuerza Pública: una institución profesional, técnica, apolítica y no deliberante, cuyo único norte es la defensa del orden constitucional, sin importar el color político de quien gobierne.
No podemos legislar desde la cómoda distancia de la Capital, ajenos a la realidad del conflicto en los territorios, ni subestimar el impacto operacional. Introducir el debate electoral en los cuarteles abre la puerta a destruir la disciplina y la subordinación, columnas vertebrales de las Fuerzas Militares. Imaginemos un escenario donde el comandante de un batallón profese abierta afinidad por un partido y sus subalternos simpaticen con otro. ¿Cómo se sostendrá la obediencia debida si las decisiones operacionales se lean bajo la lupa de la sospecha partidista? ¿Cómo evitar que un ascenso, un traslado o una sanción se interpreten como un premio político o una retaliación ideológica? El riesgo de fracturar la unidad de la tropa es inmenso y devastador para la seguridad nacional.
Las advertencias de analistas y de la reserva activa señalan que este derecho pone en peligro la disciplina militar y destacan los complejos desafíos éticos de trasladar la lógica vertical de las fuerzas armadas a la horizontalidad del debate electoral. Si la polarización contamina a quienes portan el uniforme, la institución dejará de ser el patrimonio de todos para convertirse en una ficha del ajedrez electoral, con altos costos reputacionales para las FF.MM. y la Policía, con el riesgo adicional de que cuenten con la fuerza de las armas.
El argumento de que Colombia es una excepción en América es una falacia por generalización. Nuestra historia y nuestra realidad son distintas. Llevamos décadas enfrentando una agresión narcoterrorista que no da tregua. Someter a soldados y policías a las presiones de los candidatos en medio de un conflicto es una irresponsabilidad. Como lo es abrir la puerta para que el presidente de turno intente cooptar el voto de los uniformados usando su poder de Comandante Supremo.
En Colombia, la primacía del poder civil exige que las armas permanezcan apartidistas. Modificar la Constitución tal vez no sea un acto de inclusión sino un gravísimo error histórico que destruiría el pacto de neutralidad vigente desde 1957. Mi análisis y debates con veteranos muestran que dar el voto a los uniformados es un acto de amnesia histórica suicida. Pero esperemos los argumentos de los defensores en el Congreso y que en el debate impere la visión de Estado y el interés de preservar la democracia.
