El ataque de pistoleros contra el redactor judicial Cristian Herrera, en Cúcuta, el jueves pasado, revela que la prensa continúa en la mira de grupos armados ilegales, en especial en la de aquellos dedicados al narcotráfico y el contrabando, por supuesto muy notorios en esa región fronteriza.
La agresión al periodista, que además ya tenía esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), confirma que en el país aún es sensible la inseguridad que ronda a quienes ejercen labores informativas. El Gobierno y sus organismos debe tomar nota del caso y responder.
