Una investigación de EL COLOMBIANO mostró 42 casos de jefes criminales detenidos que portaban cédulas originales, con identidades alteradas.
Una demostración, además, de que la corrupción penetró en oficinas subregionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las que algunos funcionarios facilitan la expedición de documentos oficiales, con nombres de personas muertas o inexistentes, que sirven para que los capos del crimen en Antioquia y el país burlen a las autoridades y evitar su captura.