No puede ser que la delincuencia organizada, asociada al narcotráfico y la minería ilegal, ponga condiciones y decida quién puede o no vivir en el Bajo Cauca. Por “miedo” los diez profesores de la Institución Educativa La Caucana, corregimiento El Guáimaro, de Tarazá, abandonaron la zona en busca de protección oficial. Ayer comenzaban clases, nadie asistió, los estudiantes (211 niños), también fueron desplazados, junto con sus familias. El problema es estructural y exige máxima atención del Estado y todos sus organismos.