Desde agosto de 2018 se acrecentaron las denuncias de reclutamiento forzado de menores por parte del Eln: en Chocó, Arauca, Catatumbo y ahora en zonas rurales de Caquetá, Putumayo y Nariño.
Esta guerrilla demuestra una vez más su desprecio por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los convenios mundiales de protección a la infancia.
El Eln parece haber aprovechado la disuelta mesa de diálogos para crecer en hombres y armas, sin importar la condición de sus combatientes.
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