El “desprecio” de Petro por el conocimiento: otros 10 escándalos del Gobierno

El debate que ha abierto el presunto “carrusel” de títulos en la Fundación Universitaria San José es apenas uno de los múltiples episodios que han puesto en evidencia que, durante este Gobierno, han existido reparos a la hora de priorizar perfiles técnicos y experiencia comprobada para cargos públicos que exigen unos requisitos mínimos.

Bajo la consigna de que “todos deben tener las mismas oportunidades”, se ha instalado un discurso que, si bien busca ampliar el acceso a espacios de poder, ha terminado por profundizar una discusión de fondo sobre la meritocracia, los conocimientos específicos y la trayectoria profesional que debería exigirse para ocupar cargos estratégicos del Estado.

Esas normas y reglas no están porque sí. Es decir, que hay un consenso en los estándares para que se cumplan porque así se requiere para el cargo. En puestos donde se toman decisiones de políticas públicas, recursos estatales y líneas estratégicas de Gobierno, el conocimiento especializado no debería ser un valor accesorio, sino un criterio central y fundamental en todas las dependencias del Ejecutivo.

No obstante, en esta administración —a la cual le quedan siete meses ocupando los pasillos en Palacio—, hay varios casos en los que estos principios se han saltado y ha primado la trampa por encima del mérito.

En ese contexto, EL COLOMBIANO seleccionó diez episodios en los que el llamado “Gobierno del Cambio” optó por vincular funcionarios públicos que no contarían con los requisitos académicos, técnicos o de experiencia exigidos para los cargos que se encuentran desempeñando, entre otros escándalos más.

No parece coincidencia que solo en el transcurso de esta semana salieran a la luz nuevos elementos que indicarían que el entramado alrededor de la Fundación Universitaria San José va mucho más allá del caso de Juliana Guerrero, cuya presunta falsa titulación generó un amplio debate en el país.

Las revelaciones recientes sugieren que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica más extendida dentro de esta institución educativa y en el propio petrismo.

Las denuncias, impulsadas por las congresistas Jennifer Pedraza, Cathy Juvinao y Katherine Miranda durante esta semana, exponen cómo, presuntamente, en la Fundación Universitaria San José se habrían expedido títulos profesionales sin cumplir los procesos académicos regulares, lo que ha llevado a hablar de diplomas “comprados”. Estos señalamientos han encendido las alarmas no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto directo que tendrían en la conformación de la planta de funcionarios del Estado.

Ante estas declaraciones, y en particular por el caso de su secretaria, el presidente Gustavo Petro reprochó el origen de estos cuestionamientos. A través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, aseguró que “los esfuerzos de esa secretaria aprovechando su sueldo para lograr sus grados no pueden ser mancillados por usted, no puestos en duda, dejen de destruir personas humildes. Sus técnicos y carrera son porque pudo hacer sus estudios sin regalo de nadie”.

Según varias fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, esta supuesta “fábrica” de títulos exprés operaría mediante el pago de montos que oscilarían entre los 15 y los 20 millones de pesos cada uno, a cambio de la expedición de documentos académicos que permitirían a los beneficiarios cumplir formalmente con los requisitos para aspirar a cargos en distintas entidades públicas.

Más allá de los detalles de la denuncia, lo cierto es que el Presidente Gustavo Petro ha ejercido una especie de “desprecio” por el conocimiento al querer imponer la idea de que hay que saltarse las normas porque ciertos grupos de la población merecen ocupar esos cargos. Y esa lectura de lo que se llama “discriminación positiva” es parcial, ya que claro que algunos cargos de poder deben ocuparse por representantes de comunidades marginadas históricamente, pero lo que ha sucedido con este Gobierno es lo contrario. Tiene que ver, más bien, con enviar el mensaje de que algunas personas pueden pasar por encima del conocimiento académico o la experiencia con tal de devengar un sueldo.

Caso Juliana Guerrero: “no estudió” en la U. San José

Uno de los escándalos que más ha permanecido en el radar del Gobierno durante el último año es el caso de Juliana Guerrero. Cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, Guerrero ha sido cuestionada por la validez de sus títulos universitarios, luego de conocerse que no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia.

Tras ello, meses después, la propia Fundación Universitaria San José anuló su título en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, en noviembre del año pasado.

El “desprecio” de funcionarios que le llevan la contraria

La descalificación y el trato generalizado del presidente Petro hacia técnicos y funcionarios que discrepan de sus posturas no se limita a quienes provienen de administraciones anteriores, sino que también alcanza a personas que él mismo designó. Uno de estos, fue el caso de Diego Guevara, quien permaneció apenas un par de meses al frente del Ministerio de Hacienda y salió del cargo luego de advertir, con un enfoque técnico, que el Ejecutivo debía mantener los recortes a algunos programas gubernamentales.

No obstante, no ha sido el único funcionario que ha salido tras rencillas con el presidente. En su momento, el exministro Alejandro Gaviria también se apartó de esta administración por sus reparos frente a las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo. En esa misma lista se incluye al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, con quien se produjo una ruptura por diferencias en la manera en que debía conducirse la política fiscal durante este mandato.

En el despacho del presidente: los movimientos para lograr varios títulos exprés

Esta semana la Revista Cambio reveló que la “mano derecha” del presidente Gustavo Petro, la secretaria del presidente, obtuvo tres títulos académicos el mismo día en la cuestionada Fundación Universitaria San José. EL COLOMBIANO accedió a los documentos en donde queda registrado que Melo Morales recibió el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por esa institución. En una sola jornada figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.

Lo presuntamente irregular no está relacionado directamente con el número de títulos otorgados, sino con el tiempo en el que los realizó: Melo se convirtió en profesional de dos carreras y al mismo tiempo tecnóloga en tres semestres.

Salud: el lío en la UPC durante 2025

En marzo del 2025 se dio a conocer una polémica por la salida de varios funcionarios del Ministerio de Salud encargados de fijar la UPC (Unidad de Pago por Capitación) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

Según reveló La Silla Vacía en su momento, los técnicos sugerían que el aumento debía ser entre el 10% y el 15%, pero finalmente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo la fijó en 5,4% y echó a esos funcionarios. El presidente Petro respaldó la decisión con este mensaje: “Si el equipo que calculaba la UPC por más de diez años había dejado que por más de 10 años se robaran la UPC sobredimensionándola, pues ese equipo no le sirve al país, sino a las EPS (sic)”.

A esto, la ex viceministra de protección social de ese Ministerio, Diana Cárdenas, respondió: “No, Presidente. Los funcionarios que hemos trabajado en el MinSalud no ‘sobredimensionamos’ la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos”.

Ya no se pedirá requisito de inglés para embajadores

En medio de los cuestionamientos que han tenido los cambios para los cargos diplomáticos en la Cancillería, una de ellas ha sido las modificaciones que se le han hecho al manual de funciones de esta cartera del Estado. Sobre esto, se dio a conocer que en estos cambios se eliminó el requisito de acreditar dominio del inglés u otro idioma oficial de la ONU para quienes ocupen cargos de embajadores de Colombia.

Con el nuevo manual, los 72 embajadores del país ya no están obligados a demostrar conocimiento de una lengua extranjera, una exigencia que hasta ahora hacía parte de los criterios para representar al Estado colombiano en el exterior.

Denuncias de Pedraza: facturas en la DIAN

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza revisó bases de datos oficiales y encontró que los pagos consignados a nombre de Juliana Guerrero en la Fundación Universitaria San José se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado.

Esta institución reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, pese a que el año pasado la Fundación Universitaria San José sostuvo que ella nunca cursó estudios allí. Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas más tarde.

Salida de personas con conocimientos específicos de la URF

Varias denuncias de supuestos despidos en varias entidades del Estado se han dado a conocer durante los últimos meses. Una de las entidades que se ha visto directamente afectada es la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de diseñar la regulación que rige a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, cooperativas y al sector fiduciario. En medio de diversas controversias, esta dependencia ha venido perdiendo a varios de sus principales “cerebros”.

Se trata de una institución con un perfil altamente especializado, en la que los cargos exigen conocimientos técnicos muy específicos y una experiencia que no siempre es fácil de encontrar en el mercado laboral. No obstante, se ha decidido prescindir de varios funcionarios, uno de ellos, según conoció EL COLOMBIANO, con un perfil con más de 12 años de experiencia en regulación prudencial, considerada la columna vertebral del sistema financiero.

“Soy de carrera y a mí no me puso Uribe”

En uno de los tantos Consejos de Ministros televisados que tuvo el presidente Gustavo Petro durante el año pasado, le atribuyó la responsabilidad de los problemas de su gobierno a funcionarios “uribistas”. “Manejamos centenares de miles de empleados que han sido puestos por el gobierno de Uribe, porque desde hace 25 años manejan, durante todo este siglo, han puesto los empleados que han entrado al Estado a través de la carrera administrativa, y nosotros no los sacamos (sic)”, dijo.

Esa generalización produjo que decenas de funcionarios de distintas carreras como Salud, MinTIC y Agricultura, hicieran una campaña en redes sociales, concretamente en los estados de WhatsApp con una imagen que dice: “Soy de carrera. A mí no me puso Uribe”.

El desprecio en la carrera diplomática

La diplomacia es uno de los sectores del Estado que, por su naturaleza, debería regirse estrictamente por el mérito y la experiencia. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha incumplido su promesa de campaña de priorizar a funcionarios de carrera diplomática en el servicio exterior y, en cambio, ha optado por nombrar perfiles políticos, una práctica que se ha repetido en administraciones anteriores.

A este diario, Diego Bautista, presidente de UNIDIPLO, el único sindicato de la Cancillería, ya le había advertido que “al igual que administraciones anteriores, Petro no ha priorizado el mérito y la experiencia de los funcionarios de carrera (...) la diplomacia no puede reducirse a ciclos políticos”.

Esto se denota, por ejemplo, con la designación de varias embajadas de funcionarios que antes no habían construido una carrera diplomática, como lo es el caso de Alfredo Saade, ahora embajador en Brasil, y de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, ahora embajadora en Reino Unido.

“Cartel de diplomas irregulares” en 16 entidades del gobierno Petro

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José a inicios de esta semana. Aseguró que los beneficiarios de este “cartel” habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.

Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos. De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.

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