Nohora Mondragón será la nueva directora del Dapre en reemplazo de Angie Rodríguez, quien salió del cargo en medio de denuncias hechas por ella misma de persecución y amenazas en su contra. Ahora ella se encuentra en la dirección del Fondo de Adaptación.
Mondragón es mencionada como ficha del ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien trabajó de cerca como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, cargo que deja para pasar a administrar todo lo relacionado con la Presidencia.
Al lado del ministro Benedetti, era la encargada de liderar la implementación de políticas nacionales de seguridad y asistencia técnica a distintas entidades territoriales. Su llegada a la Casa de Nariño, según distintas fuentes, se da por su cercanía también con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Sus apoyos a la gestión de Benedetti no han sido escondidos. En distintos eventos públicos, ambos funcionarios han participado de mesas de trabajo para distintos temas, como por ejemplo en la estrategia de respuesta a alertas tempranas de violencia en los territorios y que son emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Su llegada a la Casa de Nariño también es vista como un voto de confianza de Benedetti en el apalancamiento de su relación con el presidente Gustavo Petro, que parecía distanciarse, como lo contó EL COLOMBIANO recientemente.
Mondragón fue secretaria de Gobierno en Cali, bajo la alcaldía de Jorge Iván Ospina entre el 2020 y el 2023. En el primer mandato de Ospina también estuvo, pero como asesora del mandatario. La administradora de empresas cuenta con dos especializaciones, una en administración pública y otra en salud.
Su trayectoria inició en el Hospital Universitario del Valle, donde se desempeñó como profesional universitario entre mayo de 1996 y diciembre de 2007. En 2016 ejerció como asesora de la UTL del entonces senador Jorge Iván Ospina, en ese momento de la Alianza Verde. A partir de 2018 y durante 2019 fue contratista en la Gobernación del Valle del Cauca y la Red de Salud ESE Centro, en Cali.
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No ha escapado a cuestionamientos
En 2021, en medio de una controversia pública por un contrato de 27 mil millones de pesos para la vigilancia privada de la Alcaldía de Cali, Mondragón, como directora del Departamento Administrativo Distrital de esa ciudad, salió a dar explicaciones en entrevista con El Tiempo.
La licitación buscaba adjudicar durante siete meses la seguridad de las dependencias administrativas y el mantenimiento del sistema electrónico de vigilancia.
Además, contemplaba la generación de cerca de 2.000 empleos, con un componente social orientado a la vinculación de mujeres cabeza de hogar, jóvenes sin experiencia laboral, adultos próximos a pensionarse y personas con discapacidad.
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Mondragón defendió el proceso como “abierto y transparente”, y aseguró estar tranquila frente a eventuales demandas o investigaciones de los organismos de control. En ese momento explicó que el contrato se estructuró con vigencias futuras para evitar interrupciones en el servicio de vigilancia y que hacía parte de una política distrital de compras públicas responsables, orientada a introducir criterios de inclusión social en la contratación estatal.
Según su versión, el objetivo era que las empresas asumieran compromisos reales en la contratación de poblaciones tradicionalmente excluidas del mercado laboral. Sin embargo, reconoció que ese componente social generó reparos entre los proponentes durante las audiencias previas al pliego definitivo.
De acuerdo con Mondragón, varias empresas manifestaron inconformidad y, ante esa presión, la administración accedió a que la vinculación de estas poblaciones quedara finalmente como un “compromiso” y no como una obligación contractual, una modificación que atribuyó a una supuesta falta de socialización del enfoque de inclusión y al desconocimiento, por parte de algunos participantes, de la política pública que la Alcaldía pretendía impulsar.
Frente al ruido político y mediático que rodeó el proceso —pese a que, según dijo, participaron 15 proponentes—, la funcionaria sostuvo que las críticas no respondían a irregularidades reales, sino a intereses políticos. Insistió en que el proceso fue diseñado por un equipo interdisciplinario, ajustado al marco normativo de la contratación pública y con las salvaguardas jurídicas necesarias para enfrentar eventuales demandas, aunque reconoció que solo un proponente resultaría finalmente adjudicatario.
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