En Medellín, a 40.000 familias -unas 200 mil personas- no les llega pleno el servicio de agua potable, básicamente porque sus viviendas están ubicadas en zonas calificadas de alto riesgo antes de la aprobación del nuevo POT o por tener problemas de legalización y titulación de predios y a ellas está enfocada la estrategia “Unidos por el agua”, de EPM y el Municipio.
Con una inversión de $100.000 millones, los dos entes echaron a rodar el proyecto, que mejorará la calidad de vida de estas familias llevándoles el servicio de agua, pero antes deberá mitigarse el riesgo en algunas zonas y adecuar la habitabilidad de las viviendas.
“El nuevo POT nos permite llegar a esas comunidades ubicadas en asentamientos informales o en zonas de riesgo con sistemas no convencionales del servicio, como las pilas públicas, para que de ellas se provean del agua las comunidades”, explicó Astrid Velásquez, secretaria de Gestión Territorial de la Alcaldía.
Aclara que en la ciudad, generalmente en los límites urbanos con los rurales, se da el caso de familias que no tienen servicio de agua de EPM porque cada día, a Medellín, llegan grupos familiares ya sea buscando oportunidades, por desplazamiento o por hechos de violencia, y generalmente se ubican en zonas de alto riesgo que no gozan de instalaciones formales, pero la ciudad debe garantizar el mínimo vital de agua, equivalente a 2.5 litros por persona mes.
En la estrategia Unidos por el agua, que se implementó como el aporte social en los 60 años de EPM, hay que abocar la solución de problemáticas de presión, continuidad y calidad del agua; mitigar condiciones de riesgo en el terreno, recoger aguas de fugas y crear alternativas de solución para fraudes y bajo consumo.
Juan Esteban Calle, gerente general de EPM, destaca esta estrategia como, “un aporte de EPM a la construcción de territorios sostenibles y competitivos” que dará a las comunidades más oportunidades, más empleo y más calidad de vida.
El programa apenas arranca con plazo hasta 2019, con inversiones por $17.000 millones para mejoramiento integral en La Honda, La Cruz, Versalles y Llanaditas (en ejecución); $24.000 millones para mejoramiento de pilas públicas; $41.000 millones para habilitación de viviendas; y $18.000 millones para llevar el servicio a los sectores María Cano Carambolas, 13 de Noviembre, Versalles 2 y Llanaditas parte alta.
La secretaria de Gestión Territorial explicó que en las zonas rurales operan 22 prestadores del servicio a los cuales se les brinda asesoría en temas contables, jurídicos, financieros y presupuestales “para fortalecerlos y hacerlos autosostenibles, buscando que sean eficientes, logren niveles de ahorro, disminuyan pérdidas y manejen tarifas adecuadas al servicio”.
La asesoría incluye la verificación de la calidad del líquido que ofrecen a las comunidades donde operan.
Estos operadores se rigen por las mismas normas de cualquier empresa prestadora del servicio de agua, incluso en el tema tarifario y en el manejo de los subsidios que reciben de EPM para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
