Un escándalo internacional que expuso cómo oro ilegal del Bajo Cauca estaría siendo comprado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos tuvo que ser el detonante para que el Gobierno Nacional finalmente desplegara un operativo en la controvertida mina La Mandinga.
En una gran redada realizada en horas de la noche, soldados del Batallón Rifles de Cáceres desmantelaron más de 40 unidades que operaban en ese yacimiento, ubicado a escasos pasos de sus instalaciones y según denuncias periodísticas controlado por el Clan del Golfo.
Luego de destruir múltiples implementos, como 40 motores, 20 motobombas, 28 clasificadoras y más de 280 galones de gasolina, la Fuerza Pública le puso freno provisionalmente a la gigantesca operación, que según sus cálculos tenía capacidad de extraer más de 34.500 gramos de oro al mes, avaluados en cerca de $18.000 millones.
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Lo ocurrido dejó al descubierto las grietas de la política minera del Gobierno Nacional en Antioquia, que dejará muchas tareas pendientes pese a un timonazo realizado hace casi cuatro años.
En el departamento, el principal cambio ocurrió en diciembre de 2023, cuando la Agencia Nacional de Minería (ANM) le quitó a la Gobernación la potestad de otorgar títulos mineros, una delegación que venía activa desde 2001.
Además de endurecer su tono con los proyectos de gran minería, responsabilizándolos de ocasionar daños al medio ambiente, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un plan a gran escala para formalizar a pequeños mineros.
Curiosamente, fue en el municipio de Caucasia, durante un evento en el que el mandatario entregó personalmente un título que abrió las puertas para la extracción en La Mandinga, donde se refirió a su visión del tema minero.
“El pequeño minero quedó en el olvido e incluso se convirtió en un ser perseguido por el Estado. Se le bautizó con el nombre de ilegal”, expresó el Presidente el 11 de abril de 2024.
En un discurso de más de 40 minutos, el mandatario cuestionó el Código Minero, sosteniendo que había sido concebido para criminalizar al pequeño minero y para privilegiar la codicia por encima del medio ambiente, desacreditando la operación de minas como el Cerrejón, en La Guajira.
Con ese enfoque, fue en esa jornada que el Jefe de Estado entregó 156 títulos mineros, incluido el de La Mandinga.
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Pese a estar ubicada a la vista de miles de transeúntes, sobre el margen derecho de la Troncal de Occidente, la extracción de oro floreció allí sin ningún freno.
Sin importar las denuncias de daños ambientales y la presencia de ilegales, decenas de funcionarios que visitaron el sitio, tal como consta en informes oficiales, poco pudieron hacer para controlar esa fiebre por el oro, en gran medida por el título entregado por las autoridades nacionales y por varios permisos ambientales aún vigentes.
No obstante, fue una investigación publicada por el diario The New York Times, que rastreaba los orígenes del oro que vende la Casa de la Moneda de EE. UU., la que terminó poniendo bajo escrutinio internacional el lugar.
La investigación denunció que esa institución oficial estaba comercializando como estadounidense el oro procedente de minas en Congo, casas de empeño en Perú y México, y operaciones ilegales en Colombia.
En el caso de La Mandinga, la investigación planteó que el Clan del Golfo cobraba desde 400 dólares a grupos de cinco mineros para poder trabajar en la zona.
El informe denunció que, luego de que los mineros extrajeran algunos gramos, el oro era llevado a casas de compraventa de Caucasia, en las que el mineral era ingresado legalmente al mercado, amparado en el título otorgado.
Posteriormente, esas casas de compraventa le vendían el oro a empresas exportadoras, que a su vez lo comercializaban con importadores que lo mezclaban con oro procedente de otras partes del mundo y así lo introducían en el mercado estadounidense de forma legal.
Si bien inicialmente varias entidades como la ANM y el Ministerio de Defensa dijeron estar revisando la situación –la primera señalando que la labor de controlar la zona era de la Alcaldía– solo esta semana el Ejército pudo finalmente desplegar un operativo.
Más allá del escándalo para el gobierno de Estados Unidos, que en la denuncia fue señalado de infringir una ley que desde 1985 le prohibe comercializar oro del extranjero –y más de dudosa procedencia–, Cáceres enrostró cómo esa política de formalización estaría siendo empleada por ilegales para colar ese oro en el mercado internacional y obtener jugosas ganancias.
Cabe recordar que el escándalo se desató además pocos meses después de que se levantara el cuarto paro minero ocurrido en el Bajo Cauca durante el último cuatrienio, en el que múltiples organizaciones de pequeños mineros denunciaron que la política minera de la Nación tenía frenada esa formalización y muchos productores estaban pagando los platos rotos por el fortalecimiento de los grupos armados.
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De acuerdo con los manifestantes, al tiempo que el Gobierno Nacional era incapaz de asumir eficientemente la función que le arrebató a Antioquia en 2023, para formalizar a los pequeños productores, tampoco era capaz de diferenciar en sus operativos cuándo estaba afectando maquinaria del Clan del Golfo o de mineros que no estaban involucrados con ese grupo.
Al final de ese último paro, que duró once días, la Nación volvió a comprometerse a mejorar su caracterización de la zona, revisar títulos mineros inactivos, entre muchas otras tareas a las que ya se había comprometido desde 2023.
No obstante, expertos advirtieron que la problemática de fondo sigue igual de crítica, ya que en el último cuatrienio no se logró avanzar sustancialmente en los procesos de formalización, ni se logró contener la guerra entre grupos armados por controlar esa lucrativa actividad.
En Estados Unidos, el escándalo dejó también promesas de volver a aplicar más controles al origen del oro que se comercializa en ese país, que hoy tiene un precio cercano a los 5.000 dólares la onza y que sigue llenando los bolsillos tanto de legales como ilegales.
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