Un fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 13 de julio se convirtió en el capítulo más reciente de la batalla legal que tiene enfrentados a ciudadanos, sectores políticos y la Alcaldía de Rionegro por el proyecto de obras por valorización, que se adelanta en ese municipio desde octubre de 2018.
A través de una decisión de 18 páginas, la Sala Quinta Mixta de ese tribunal negó una acción popular con la que se buscaba dejar sin efecto los actos, resoluciones y acuerdos que crearon las obras y cobros por valorización, argumentando que tenían vicios de trámite.
Mientras la Alcaldía planteó que la decisión respalda la legalidad del proyecto e instó a los ciudadanos a ponerse al día con sus pagos, detractores insistieron en que esta no representa el fin de sus reclamos y advirtieron que el camino para dirimir el conflicto aún se proyecta largo.
La decisión del tribunal
Según se lee en el fallo, estudiado y aprobado por los magistrados Susana Nelly Acosta, Jorge León Arango y Daniel Montero, la acción comenzó cuando un ciudadano de ese municipio pidió declarar nulo un paquete de decretos y resoluciones que dejaron en firme los cobros por valorización en Rionegro.
Argumentando que esos documentos estaban viciados y que la obra carecía de los licenciamientos ambientales exigidos por la ley, el recurso buscaba demostrar que no se había respetado la capacidad de pago de los propietarios incluidos en el derrame y que la administración municipal se había extralimitado en sus funciones.
Ante estos señalamientos, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Nare y Negro (Cornare) argumentó que en materia ambiental no había ninguna irregularidad y el Municipio insistió en haber respetado el ordenamiento jurídico y administrativo.
Según quedó estipulado en el fallo, al evaluar ambas versiones, el tribunal tomó una decisión de dos partes.
En materia ambiental, los magistrados determinaron que Cornare y la Alcaldía de Rionegro habían respetado los lineamientos para esa clase de proyectos.
“No se acredita ningún quebrantamiento del ordenamiento jurídico, diligencias amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la moral administrativa, como tampoco, que exista riesgo del patrimonio público, o que se infiera una vulneración de estos derechos”, determinó el tribunal en su providencia.
No obstante, ese órgano advirtió que, frente a la solicitud de declarar nulos los actos administrativos demandados, se abstenía de estudiar los cargos, dado que la acción popular no era el recurso apropiado.
“La presente acción no es el mecanismo procesal idóneo para obtener la nulidad de actos administrativos”, señaló el tribunal, agregando que para revisar esa nulidad el demandante debía hacer uso de otro tipo de recursos, como acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reacciones encontradas
Luego de ser proferida la decisión, tanto la Alcaldía como los abogados de las reclamaciones a los cobros, formularon interpretaciones contrapuestas.
Mientras para el gobierno local la decisión representa un espaldarazo a la legalidad del proyecto y contribuiría a blindarlo jurídicamente, para los detractores la providencia es solo una decisión, en medio de una cadena de procesos que aún no son resueltos.
“No es una sorpresa. Desde el momento cero de la discusión hemos sostenido que el medio de control judicial idóneo para discutir la determinación de un tributo es el de nulidad con restablecimiento del derecho, no una acción popular”, planteó Juan Fernando Giraldo Nauffal, abogado que representa a ciudadanos inconformes con los cobros.
Según explicó, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia cursan acciones de nulidad con las que se busca probar que el Municipio habría cometido errores en la socialización y explicación de los alcances del proyecto.
“El sistema y el método, además de la tarifa, no fue determinada por el alcalde y menos por el Concejo. Terminó irregularmente siendo determinada por un contratista y con cálculos que en gran parte se desconocen”, sostuvo Giraldo Nauffal.
Por su parte, el alcalde de Rionegro, Rodolfo Hernández Alzate, argumentó que el fallo del Tribunal Administrativo respalda que el proyecto cumplió con todos los requisitos jurídicos y administrativos.
“El balance es positivo. Ya son cuatro fallos judiciales a favor de la valorización derramada en Rionegro. De 80 procesos de demanda que han puesto algunos contribuyentes, el 50 % de ellos han decidido pagar y retirar la demanda”, sostuvo el mandatario local, agregando que el recaudo se calcula en más de $240.000 millones.
Frente a la ejecución de los trabajos, Hernández Alzate aseguró que las obras del plan vial avanzan de acuerdo al cronograma estipulado (Ver Radiografía) y defendió el proyecto, calificándolo como una solución a los rezagos que acumulaba la infraestructura de ese municipio
$450
mil millones busca recaudar la Alcaldía de Rionegro a través de la valorización.
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