Un carreteable prometido aún no está listo porque falta negociar un terreno.
El anuncio hecho por la Alcaldía de Bello de que abriría para el servicio público la vía que comunica tanto a la vereda Granizal (ubicada en su jurisdicción) como los sectores aledaños que corresponden a Medellín con la autopista hacia Bogotá, generó una expectativa que no ha sido resuelta a cabalidad.
La información emitida a través de un comunicado por la Secretaría de Obras Públicas, el 9 de septiembre, hablaba de que en los siguientes días iniciarían la adecuación y mejoramiento del carreteable, con la intención de garantizar un paso vehicular accesible y funcional para los moradores.
Para entonces, se cumplían también dos meses y medio de la tragedia ocasionada por un derrumbe que el 25 de junio provocó el colapso de 70.000 metros cúbicos de tierra, dejando 25 personas fallecidas, y a 487 familias afectadas (1.984 personas).
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Por ello, la noticia de la vía fue recibida como un bálsamo entre los cerca de 37.000 habitantes de estos barrios que han sufrido de aislamiento, porque hasta entonces no existía una comunicación terrestre con el municipio al que pertenecen. O mejor dicho, sí la había pero tocaba pasar por una suerte de peaje particular en el que los dueños de un predio cobraban $10.000 por dejar cruzar una volqueta, 5.000 por automóvil y $2.000 por cada moto, con el argumento de financiar el mantenimiento del tramo. También esa fue la causa para que rondara el optimismo, pues el comunicado hacía claridad en que la circulación sería gratis, algo que sonaba apenas lógico para quienes no habitan la realidad particular de esa área.
Así lo registró EL COLOMBIANO basándose en información oficial. Pero la gran extrañeza vino cuando la familia dueña de un terreno pidió aclaración en el sentido de que la administración de Bello no había adquirido todos los predios. Ello dejó en evidencia que no todo estaba resuelto en el problema vial de Granizal.
En efecto, el terreno que todavía no ha adquirido el Municipio de Bello es de las empresas Mirador de Manantiales y DJ Saldarriaga Agroprocesos. Según explicó Matilde Saldarriaga, representante legal suplente de la primera de esas firmas, esta es un patrimonio cuyo único activo es este terreno, y la segunda es una compañía en proceso de liquidación que no desarrolla ninguna actividad.
También, desde la Secretaría de Planeación de Bello confirmaron que hace unos cinco años han estado conversando con los dueños de predios del área, con el fin de hacer realidad un paso que no solo sería crucial para los moradores de Granizal sino como alternativa para cuando haya problemas en la Autopista Medellín-Bogotá. No hay que olvidar que varias veces en esta arteria nacional se ha interrumpido el tránsito por deslizamientos en las canteras de piedra y tierra localizadas en su inicio, y si se conecta el nuevo trayecto con la antigua vía a Guarne sería una manera de superar esos percances.
—¡Ave María!, esa vía es primordialmente, necesaria, porque por Santo Domingo se vienen todos los carros y hacen un trancón muy hijuemadre —le dijo a este diario el fiscal de la Acción Comunal del barrio Altos de Oriente, Adán Acevedo. Añadió que les prometieron que, con la vía vendría una nueva ruta de buses alimentadores del metro hacia la estación Madera, pero hasta ahora nada ha ocurrido.
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La avalancha trágica puso en evidencia la necesidad, cuando los carrotanques intentaron ingresar con agua para abastecer a la población debido a que el acueducto veredal quedó inservible, y no pudieron por la congestionada y sinuosa loma de Santo Domingo, ni los dejaron por esta otra debido al daño que podían ocasionar en los tramos de las servidumbres de tránsito que están en predios de particulares.
Ahí fue cuando la administración de Bello aceleró el trámite, dándole prioridad a la negociación del lote de la empresa Gadyce, donde estaba el puesto de cobro, debido a que en ocasiones incluso han prohibido la circulación. Estos cedieron la franja de 1,3 kilómetros lineales –que no están pavimentados– bajo la figura del pago de obligaciones urbanísticas (algo que pagan los urbanizadores para construir espacio público por cada proyecto inmobiliario que gestionan) y dieron la noticia de la apertura de la vía.
La abogada de Planeación Estefanía Flórez acepta que tal vez se apresuraron, pero fue porque había una urgencia latente y porque todo el trayecto ha tenido por muchos años la condición de servidumbre de tránsito.
Y aunque la franja requerida de Mirador de Manantiales y DJ Saldarriaga, solo son unos 100 metros, estos hacen parte de un lote que envuelve al de Gadyce y por lo tanto lo deja “ciego”. Después se conecta con un pedazo pavimentado, de EPM y posteriormente, con la antigua vía a Guarne.
“A la señora Matilde se le hizo ese mismo ofrecimiento, pero nos dijo que no, que ella no era constructora ni tenía contacto con constructores”, informó la abogada de Planeación Estefanía Flórez.
Las conversaciones han seguido en torno a una posible compra, algo con lo que los Saldarriaga han estado de acuerdo; no obstante, no han podido reunir la documentación que les han pedido, como un estudio de títulos.
Según le dijo a EL COLOMBIANO la señora Matilde, han allegado documentos básicos que certifican que el lote no tiene afectaciones y se puede vender, pero la Alcaldía pide estudios más detallados de títulos así como análisis de estabilidad de suelos, los cuales resultan onerosos para la capacidad económica de los dueños.
“Nosotros no tenemos ningún problema en vender. Desde mucho antes de que a ellos se les ocurriera les propusimos que esa franja fuera una alternativa para cuando hay problemas en la autopista Medellín-Bogotá”, recalcó la señora Saldarriaga.
El secretario de Obras Públicas de Bello, Diego Díaz, confirmó que hasta ahora se han limitado a hacerle mantenimiento a la precaria vía, porque este año no hay presupuesto para más, teniendo en cuenta que el rubro de la administración son $10.000 millones para pavimentación, y cualquier proyecto acá superaría por mucho esa cifra tratándose de un tramo (el que representa la señora Saldarriaga) que, aún sin que se hayan hecho estudios detallados, ya avizora complejidades como la necesidad de canalizar aguas subterráneas para intervenir trechos pantanosos, y la inestabilidad geológica que exigiría construir un viaducto de cerca de 60 metros. A ojo de buen cubero, esa sola última obra de infraestructura costaría alrededor de $40.000 millones, que no están presupuestados.
“La Subsecretaría de Infraestructura está haciendo un diagnóstico de cuánto nos puede costar para por lo menos facilitar movilidad aunque sea apenas para el transporte liviano”, dijo.
Por lo pronto, concluye que la alternativa es seguirle haciendo mantenimiento al carreteable mientras que aparecen los recursos.
La vereda Granizal se empezó a poblar con familias desplazadas por la violencia desde 1995. Desde entonces ha crecido paulatinamente como una zona deprimida, con ranchos en madera y otros materiales precarios y sin nada de planeación. Además, no cuenta con agua potable ni alcantarillado y el Municipio no ha invertido en vías por tratarse de un asentamiento ilegal; tal vez el asentamiento irregular más grande de Antioquia y el segundo en el país, con sus cerca de 37.000 habitantes. A todo eso se suma la presencia de grupos armados que controlan hasta el acceso a las fuentes hídricas naturales.
En 2015 una sentencia judicial ordenó garantizarles a los pobladores el derecho al agua potable y que se empiece a regularizar la existencia de los barrios que conforman a Granizal. El nuevo POT de Bello ya los ha incorporado, pero falta definir el camino para que los cambios sean reales y no solo en el papel.
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