El 17 de enero de 2017, en medio de una lluvia de ideas, el grupo que estudiaba el proyecto de acogimiento a la justicia de las estructuras criminales planteó la conveniencia de “crear la figura de gestores de paz urbanos, quienes serán aquellas personas con capacidad de mando para someter a los miembros de la estructura a la Justicia”. El planteamiento se hizo en la reunión a la que asistieron dos representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración, dos más de la Secretaría de Seguridad de Medellín y un asesor de un concejal de la capital antioqueña.
Según se lee en el acta a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, todos ellos estaban reunidos para “aportar a la construcción de un proyecto de ley que permita el acogimiento a la Justicia de bandas y combos al margen de la ley”.
Los temas evaluados fueron en su mayoría jurídicos.
Al fiscal general le llevaron esta inquietud
A la reunión del 19 de enero de 2017 asistió Mario Gómez, asesor del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Él habló de normas y beneficios aplicables a menores infractores y/o que hacen parte de organizaciones criminales. Jorge Gaviria, asesor de la Alcaldía de Medellín, dijo que, a la luz del acuerdo de paz con las Farc, se debería proponer una ley para el acogimiento de esas estructuras, “pues a través de sus cabecillas lograríamos la desarticulación de todos sus integrantes, incluyendo la población menor de edad”. Dice el acta que Gómez quedó de “presentar la inquietud al Fiscal General”.
A cautivarlos con el tema de la extradición
“El Dr. (Juan) Alejandro Gaviria insiste en la propuesta del proyecto de ley para poder brindar beneficios que cautiven a estas organizaciones. Se propone que como beneficios se toquen temas de extradición, rebaja de penas, suspensión de la pena. Se propone consultar con el Alto Comisionado si existen estudios que apunten a la desmovilización de estructuras criminales”.
Así consta en el acta de la reunión efectuada el 18 de enero de 2017, a la que asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Medellín y representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
Una muestra de los que iban a estas reuniones
El 19 de enero de 2017 se realizó una reunión para la elaboración del proyecto en mención. En el listado de asistentes figuran:
Mario Gómez, asesor de la Fiscalía.
Patricia Hernández, fiscal.
Luz Alejandra Osorio, de la Fiscalía.
Camilo Andrés Osorno Jaramillo, abogado de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
Paulo Andrés Serna, líder ACR.
Juan Alejandro Gaviria, asesor de concejal
Por la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Adel Navarro Becerra, Wilmer Sánchez Agudelo y Jorge Gaviria.
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