La participación de la comunidad cafetera será el eje central de la nueva estrategia para recuperar la seguridad en el Suroeste, la subregión que más masacres ha provocado en Antioquia en los últimos dos años.
El plan se llama “Finca más Segura” y cuenta con recursos del Ministerio de Defensa y la Gobernación, que acompañan los esfuerzos del Ejército y la Policía en una zona afectada por 18 bandas delincuenciales en pugna por las plazas de vicio, en especial las que funcionan en las haciendas cafeteras y surten de dosis a los más de 32.000 recolectores que llegan en temporada de cosecha.
Según el ministro de Defensa, Diego Molano, esta estrategia se implementará inicialmente en 73 fincas localizadas en 10 de los 23 municipios de la zona.
“En el Suroeste, hace un año sufrimos tal vez una de las afectaciones más graves con homicidios colectivos, que se daban en las fincas cafeteras por disputa de rentas criminales de grupos armados; por esa disputa se generaban homicidios, había microtráfico y consumo”, recordó Molano.
Entre 2020 y lo corrido de 2022 se han registrado 14 matanzas (de tres muertos o más). La respuesta inicial de las autoridades fue el aumento del pie de fuerza, la creación de burbujas de inteligencia y la definición de objetivos de alto valor, para judicializarlos con la Fiscalía.
Los principales cayeron a prisión: “La Erre”, “Sangre”, “Andrés el Resabiado”, “Zeta” y “el Gato”, aunque este último se fugó de una estación de Policía. El índice de homicidios tuvo una leve reducción del 3,8%, al pasar de 312 casos en 2020 a 300 en 2021.
A diferencia de los planes de seguridad implementados en esos años, el de 2022 promete involucrar de forma más decidida a los habitantes. Ya fueron vinculadas 120 personas a la Red de Apoyo y la Red de Participación Cívica, con dotación de radios.
La promesa del Estado es que los finqueros tendrán un botón de pánico (fijo o inalámbrico) y habrá inversiones en alarmas sonoras, alumbrado público en la zona rural y cámaras de vigilancia, según el secretario de Seguridad de Antioquia, Jorge Castaño. Las autoridades no han especificado cuánto presupuesto se invertirá.
Adicionalmente, se pretende hacer registros con identificación de todos los recolectores y empleados de esas fincas, tanto de los residentes en los municipios como de los andariegos venidos de otras tierras. Esto permitirá reconocer más rápido a las personas extrañas que, en palabras del coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, suelen ser las que cometen los crímenes.
“Lo importante en la activación del botón de pánico es que se haga antes de que ocurran los hechos”, recalcó el oficial.
El gobernador Aníbal Gaviria dijo que las 73 fincas hacen parte de la etapa inicial, pero que hay otras 823 caracterizadas y a la espera.
Sobre estos anuncios, EL COLOMBIANO conversó con fuentes judiciales y analistas de la Fuerza Pública, que resaltaron aspectos positivos de la estrategia, pero también señalaron situaciones que al parecer no están incluidas y que podrían disminuir el impacto de sus resultados.
Los proyectos para destacar del plan
- El énfasis en las estrategias de prevención, distintas a los planes de choque que se venían implementando después de la ocurrencia de los hechos.
- La inclusión de la comunidad en el plan, conformada por caficultores, residentes, comerciantes, ganaderos y los mismos recolectores. El secretario de Seguridad, Jorge Castaño, dijo que habrá cursos para los ciudadanos, en los cuales se les darán certificaciones según su idoneidad, así no solo se perfeccionará el sistema, sino que “se impedirá que entren actores de naturaleza violenta”.
- La renovación de los compromisos de inversión en la zona por parte del Gobierno Nacional, que se habían adquirido con el anterior ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (fallecido).
- Cada tres meses se evaluarán los resultados de las medidas implementadas, lo que permitirá hacer las correcciones sobre el camino.
- La incorporación de tecnología a la estrategia de seguridad, algo diferente a las mismas medidas de siempre (aumento pie de fuerza y patrullajes entre el Ejército y la Policía).
Los vacíos del plan de seguridad del Suroeste
- La problemática del Suroeste no tiene fiscales de dedicación exclusiva. Fuentes judiciales contaron que los fiscales que venían atacando a las bandas de la subregión, están ocupados con otras misiones. Esto ralentiza los procesos de judicialización.
- Al plan del Suroeste le falta articulación con otras regiones, porque las bandas más poderosas de esta zona provienen de otras latitudes, como el Clan del Golfo, “la Terraza” y “los Triana”. No basta golpearlas localmente, porque siempre vendrán refuerzos de otras partes.
- El deficiente control carcelario del Inpec minimiza el impacto de las operaciones, porque los cabecillas capturados siguen manejando las bandas del Suroeste desde la prisión.
- El plan no contempla acciones para frenar el reclutamiento de integrantes por parte de las organizaciones delincuenciales. Según el Ministerio de Defensa, el año pasado fueron capturadas 2.129 personas por distintos delitos en el Suroeste, pero en 2022 el mapa criminal sigue igual que antes, con las mismas bandas activas.
- Algunos residentes del Suroeste manifestaron incredulidad frente a las promesas de las autoridades, pues desde 2020 el Gobierno nacional y el regional han formulado proyectos que a la fecha no presentan avances. Entre ellos están la construcción de una cárcel en Andes; y la creación de una central de monitoreo de cámaras para la subregión, integrando todas las de los municipios. “Se les agradece que traigan más motos para las estaciones de Policía, pero las grandes promesas no se han cumplido”, dijo un caficultor.
