El 18 de junio de 1997, en un accidente doméstico, un niño de apenas 7 años de edad acudió al Hospital Santamaría de Itagüí con la aguja de una jeringa clavada en el ojo de derecho. No obstante, el médico de turno que lo atendió, lo mandó a la casa y le ordenó regresar al día siguiente.
Cuando volvió al Hospital, el menor fue remitido a un especialista en oftalmología pero el ojo ya presentaba signos de infección. Luego de permanecer hospitalizado durante casi un mes, el personal médico no logró controlar la infección y el niño perdió el ojo.
Por estos hechos, el Consejo de Estado condenó al municipio de Itagüí administrativamente y ordenó una indemnización superior a los 451 millones de pesos para el ahora joven y a su familia por los daños y perjuicios sufridos, derivados de la falla en la prestación médica.
“El médico que lo atendió procedió de manera incorrecta, pues envió al paciente a su casa, cuando el protocolo médico, para una lesión de ese tipo, era remitirlo de inmediato a un especialista en oftalmología”, dice el fallo.
La Sección Tercera agregó que “es claro que la entidad prestadora del servicio de salud omitió la adopción de medidas necesarias para diagnosticar una enfermedad que requería una actuación urgente, como era la valoración especializada, debido a la alta vulnerabilidad de contaminación que caracteriza al órgano afectado”.
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