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El Consorcio CCC Ituango, principal constructor del proyecto de Hidroituango, se pronunció este viernes sobre la decisión de la Contraloría General de la República de dejar en firme su fallo de responsabilidad fiscal, en el que determinó que 26 personas y empresas fueron responsables de ocasionar un detrimento al Estado por $4,3 billones a causa de los retrasos con los que carga esa megaobra.
A través de un comunicado de prensa, este consorcio (conformado por las empresas Conconcreto, Coninsa y Camargo Corrêa Infra) planteó que el fallo en segunda instancia pondría en “grave” riesgo la continuidad de las obras de la futura hidroeléctrica, que deberá comenzar a generar energía a mediados del próximo año.
Argumentando que el ente de control no habría tenido en cuenta los argumentos expuestos en su defensa, la empresa anticipó que acudirá a las vías judiciales, con el objetivo de que sean los jueces los que tengan la última palabra sobre esa sanción.
“(...) La condena de la Contraloría no obedece a conductas dolosas o actos de corrupción por parte del Consorcio CCC Ituango, sino a supuestas demoras y errores constructivos que carecen de soporte probatorio y respecto de los cuales no nos dieron oportunidad de ejercer nuestro derecho de defensa”, planteó CCCI en su pronunciamiento.
Por el lado de los seguros, la organización también cuestionó la decisión, asegurando que dicho ente habría ignorado los pagos efectuados por las aseguradoras, que ascienden a USD 350 millones.
“Si bien la Sala Fiscal y Sancionatoria condenó a Mapfre como civilmente responsable, con fundamento en la póliza todo riesgo en construcción que ampara el proyecto, dicha entidad ignoró los pagos que la aseguradora ya ha realizado(...), así como su compromiso de determinar y pagar el valor total de la indemnización”, aseguró el consorcio.
La decisión de la Contraloría se produce en uno de los momentos más críticos de cara a la continuidad de las obras en Hidroituango, un día después de que EPM y CCCI anunciaran que habían llegado a un acuerdo para firmar un otrosí hasta por ocho meses, para no poner en riesgo el apretado cronograma del proyecto.
Por el lado de EPM, la empresa optó por guardar cautela y publicó un comunicado diciendo que su equipo técnico, jurídico y financiero estudiaría primero la totalidad del fallo antes de emitir una opinión de fondo.
“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”, escribió la empresa.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.