La concesión Covipacífico aseguró no tener la potestad para emprender por cuenta propia las obras pendientes de Pacífico 1 en el sector de La Sinifaná.
Las declaraciones de la concesión se produjeron luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instara a esa empresa a iniciar cuanto antes esos trabajos, sosteniendo que no tenían que esperar la autorización del Gobierno Nacional para darle una solución al tema.
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En su intervención, que quedó plasmada en un video, Rendón propuso incluso que ese concesionario privado hiciera uso de un patrimonio autónomo de $150.000 millones para ganar tiempo, mientras llega un nuevo gobierno nacional que fije ese problema dentro de sus prioridades.
“El gobierno de Petro, infortunadamente, ya no va a acordar con él la posibilidad de invertir los $700.000 millones que se necesitan para construir los dos túneles, pero que empiecen a hacer algo. La concesión puede tomar la iniciativa, no esperar seis, siete meses”, dijo Rendón.
“La concesión tiene al menos $150.000 millones que le permitirían arrancar hasta que llegue un nuevo gobierno que mire a Antioquia con benevolencia y le dé la autorización para hacer la inversión más grande, que es la de los dos túneles. Yo comparo esto con lo del Toyo y cómo recibimos nosotros eso el año pasado y mire todo lo que hemos hecho ya”, agregó.
Luego de que el pronunciamiento se hiciera público, el concesionario envió una carta al despacho del gobernador el pasado 20 de noviembre, en la que se refirió a la situación del proyecto y explicó por qué no se han iniciado los trabajos tras más de seis años.
En primer lugar, la empresa arrancó recordando que el problema en La Sinifaná se remonta a 2019, año en el que un deslizamiento de grandes proporciones afectó el pedazo de la autopista que hoy está inconcluso.
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Covipacífico apuntó que luego del siniestro realizó un diagnóstico conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el que se formularon los estudios y diseños para una solución.
Pese a que dichos diseños todavía no salen del papel, y siguen haciendo parte de un proceso con el Gobierno Nacional, el concesionario informó que esta semana se llegó a un acuerdo para iniciar un estudio de impacto ambiental, necesario a su vez para modificar la licencia de la que ya dispone el proyecto y posteriormente arrancar con las obras.
“Compartimos plenamente la intención de buscar soluciones que permitan avanzar mientras se surten los trámites de competencia del Gobierno Nacional. Por ello, reiteramos nuestra disposición a participar en la construcción de alternativas que faciliten que, una vez ajustada la licencia ambiental, la obra pueda iniciarse sin demoras. Naturalmente, cualquier esquema deberá incorporarse dentro del marco contractual y con los mecanismos que establece la ley”, expresó en el oficio el gerente de la concesión, Mauricio Millán Drews.
A renglón seguido, el líder de la concesión se refirió a la situación con los recursos de la obra y sostuvo que estos no se podrían usar sin el permiso expreso del Gobierno Nacional.
“En relación con los recursos significativos disponibles en las cuentas ANI del Patrimonio Autónomo, es importante precisar que su destinación solo puede ser definida por el Gobierno, el Concesionario no tiene discrecionalidad para su disposición. Resaltamos que, en efecto, de allí recientemente han sido gestionados recursos para avanzar en obras como: obras de la vía existente, quebrada Sinifaná y la ampliación del Peaje de Amagá. Coincidimos en que Sinifaná requiere un enfoque distinto, y en ese sentido expresamos nuestra total disposición a explorar alternativas adicionales, entre ellas una solución por etapas, concurrencia de recursos o mecanismos de financiación complementaria, si así se considera pertinente”, agregó Millán Drews.
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