Ante las denuncias realizadas por ciudadanos, la Superintendencia de Transporte requirió a los organismos de tránsito de diez municipios del país —cuatro de ellos del Valle de Aburrá— en donde, al parecer, se han omitido controles eficaces en contra del transporte de pasajeros ilegal e informal.
Las secretarías de movilidad del Aburrá investigadas son las de Caldas, Copacabana, Itagüí y Sabaneta; mientras que las demás son las de La Tebaida (Quindío), Palmira, Yumbo (Valle), Sincelejo (Sucre), Tumaco (Nariño) y Villavicencio (Meta).
De acuerdo con un comunicado emitido por la Superintendencia, en las pesquisas iniciales se encontró méritos para formular cargos contra las 10 entidades por presuntamente no utilizar eficientemente sus recursos para mitigar esta problemática en sus jurisdicciones, hecho que va en contravía a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 336 de 1996.
