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El proceso de revocatoria se está embolatando por cuenta de las peticiones que el alcalde Daniel Quintero le está haciendo al Consejo Nacional Electoral por medio de su abogado Alfonso Portela Herrán, todo un conocedor de estos trámites dada su experiencia como registrador para lo electoral. Están solicitando cuentas de todos los movimientos que el comité registró en sus redes sociales, desde gastos de logística, hasta el costo de camisetas, sillas, equipos digitales y honorarios por asesoría jurídica.
El abogado Portela pide una revisión minuciosa de las cuentas y los gastos en que incurrió el comité promotor, muchas de las solicitudes basadas en videos de Instagram.
El comité no solo le respondió punto por punto al mandatario, sino que informó que desde junio pasado fueron subsanadas, con una declaración juramentada, las observaciones pedidas sobre los estados contables presentados dentro de una indagación.
“Al principio de esta semana radicamos unas aclaraciones pedidas sobre el informe contable. El tope eran $238 millones, nosotros estamos un 15% por debajo”, concluyó el vocero Andrés Rodríguez.
Justo ayer se conoció un auto firmado por el magistrado ponente César Augusto Abreo Méndez, en el que se fijó la nueva fecha para la audiencia pública en la que rendirán testimonio Alejandro Posada Jaramillo, miembro del comité de la revocatoria, y el alcalde Daniel Quintero.
Inicialmente, el cara a cara estaba previsto para el 26 de enero, pero finalmente tendrá lugar el miércoles 2 de febrero.
En el mismo auto, Abreo avaló una petición del magistrado Renato Rafael Contreras Ortega para la rotación del expediente del caso.
Al comienzo se manejó que el CNE había dispuesto el cambio del ponente del proceso que se adelanta por la financiación de la revocatoria; sin embargo, la misma autoridad electoral aclaró que la rotación del expediente se da para que Contreras valore directamente la documentación que obra en este.
Por ahora, habrá que esperar una semana más para la nueva audiencia citada dentro del proceso revocatori.
Lo que pide Quintero
La petición del alcalde incluye la revisión de gastos, como los costos de la edición de un video sobre la revocatoria publicado en la cuenta de Instagram de Juan Giraldo el 31 de octubre, los gastos del personal para el alistamiento y la auditoría de las firmas, gastos en elementos tecnológicos para la digitalización de las firmas (escáner y computadores) y si a la Registraduría, adicional a los formularios físicos, se le hizo entrega de algún elemento magnético. La petición también incluye la revisión de otro video publicado por la misma cuenta anterior el 20 de octubre, en la que mientras un miembro del comité habla sobre el tema, al fondo se observan pendones con propaganda y personal con prendas de bioseguridad. Sobre estas, el apoderado Portela pide que se revisen gastos de ambos conceptos y si dichos elementos de bioseguridad se ajustaban a los requisitos. También solicita la revisión de otro video en la misma cuenta de Juan Giraldo, con fecha del 1 de agosto de 2021, en el cual se le solicita a la ciudadanía que firme la revocatoria. Según los argumentos del Alcalde, las imágenes muestran a personas con camisetas alusivas a la revocatoria, así como pendones y hasta silletería. Le solicitó al CNE revisar lugares y fechas de recolección, los cuales están publicados en el mismo perfil, con el fin de identificar si fueron reportados gastos de publicidad y logística. Pide a su vez determinar si en cuentas presentadas fueron incluidos honorarios por asesoría jurídica.
Lo que responde el comité
“El alcalde no tiene de dónde pegarse. El proceso de recolección de firmas fue lo más sencillo que hubo, puros voluntarios. Unos que se instalaron en el centro comercial El Tesoro y otros que fueron a los barrios y fueron puerta por puerta preguntándole a las personas. En el proceso de recolección nunca ocurrieron episodios como personas en grupo caminando por las calles recogiendo las firmas en masa”, respondió el miembro del comité promotor de la revocatoria que se llama “Pacto por Medellín”. Al ser cuestionado por el papel del abogado Hollman Ibáñez y la firma del abogado Abelardo de la Espriella, González dijo que la revocatoria no tiene a ningún abogado contratado y que nunca se ha vinculado a ninguna oficina.
En cálculos redondos, dice que el comité terminó invirtiendo entre 198 y 200 millones de pesos en la recolección, pero que nunca se violaron los topes establecidos por la ley. Sobre el proceso del CNE, González expresó que cuando el comité tuvo conocimiento de que el órgano había abierto una indagación preliminar, enviaron certificaciones contables y comunicaciones, probando que las cuentas estaban en orden. Según sostiene, el CNE nunca habría surtido etapas en el proceso, como la de formulación de cargos, y cree que no hay ningún indicio, ni siquiera la carta publicada por el alcalde Quintero, que dé cuenta de que ellos violaron los topes o tuvieron inconsistencias en sus estados contables.