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Por Nelson Matta Colorado | Publicado el 05 de octubre de 2021
Los defensores compartieron una misiva con presidencia en la que pidieron protección.
En una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque Márquez, dos defensores de Derechos Humanos de Medellín le pidieron interceder para brindarles protección, luego de recibir información sobre amenazas del crimen organizado en su contra.
Los afectados son el abogado penalista Carlos Alberto Arcila Valencia, exsubsecretario de DD.HH. de la Alcaldía (2016-2019) y director de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho; y Julio César Rengifo Hortúa, miembro de la misma corporación y de Redepaz Antioquia.
En conversación con EL COLOMBIANO, Arcila indicó que el motivo de las amenazas se relaciona con el trabajo de ambos como defensores de una de las víctimas del Clan del Golfo en la ciudad, Miguel Ángel Castellanos, de 16 años, asesinado el 8 de febrero de 2020.
El abogado recordó que el adolescente fue detenido en la calle por miembros de un combo alineado con ese cartel narcotraficante, al cruzar una frontera invisible en el barrio Belén Rincón. Le tomaron una foto y la rotaron por los chats de distintos grupos ilegales, para verificar si pertenecía a una banda rival, y tras no recibir respuesta, lo torturaron y enterraron en un paraje rural del corregimiento Altavista.
Arcila y Rengifo, por medio de su corporación, apoyaron a la familia en los trámites ante la justicia y promovieron una movilización, buscando al muchacho. Por esta presión, los verdugos desenterraron el cadáver y lo arrojaron al río Medellín. Los despojos de la víctima fueron rescatados de las aguas el 21 de febrero del año pasado.
Posteriormente, entre junio y agosto de 2021 la Fiscalía y la Fuerza Pública ejecutaron varios operativos en contra del clan del Golfo y sus combos asociados en la ciudad, especialmente el de “la Sierra”. Les incautaron un arsenal y capturaron a 12 personas, incluyendo al cabecilla alias “Nanys” y a tres presuntos responsables del crimen del adolescente.
Como representantes de la víctima, los defensores de DD.HH. participaron en las audiencias de control de garantías. Después de eso comenzaron a llegar informaciones intimidantes.
“Debido a esta situación, el Clan del Golfo nos responsabiliza de las acciones de la Fiscalía y de la Policía y se nos ha informado por fuentes humanas que estamos en alto riesgo, que nos encontramos en una lista de un posible atentado por hacer las denuncias públicas y representar las víctimas, y nos hacen responsables de lo que le viene pasando a esta estructura en el Valle de Aburrá (...)”, señaló Arcila en la misiva enviada a la Presidencia.
Y detalló: “(...) en una reunión donde estuvieron varios cabecillas de esta estructura, un jefe manifestó ‘ese Carlos Arcila nos tiene muy calientes en Medellín, lo tenemos en la lista para pelarlo’”.
Los dos afectados ya pusieron la respectiva denuncia en la Fiscalía y este lunes los llamaron de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para realizar un segundo estudio de seguridad, con miras a fortalecer sus esquemas de seguridad.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.
