En una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque Márquez, dos defensores de Derechos Humanos de Medellín le pidieron interceder para brindarles protección, luego de recibir información sobre amenazas del crimen organizado en su contra.
Los afectados son el abogado penalista Carlos Alberto Arcila Valencia, exsubsecretario de DD.HH. de la Alcaldía (2016-2019) y director de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho; y Julio César Rengifo Hortúa, miembro de la misma corporación y de Redepaz Antioquia.
En conversación con EL COLOMBIANO, Arcila indicó que el motivo de las amenazas se relaciona con el trabajo de ambos como defensores de una de las víctimas del Clan del Golfo en la ciudad, Miguel Ángel Castellanos, de 16 años, asesinado el 8 de febrero de 2020.
El abogado recordó que el adolescente fue detenido en la calle por miembros de un combo alineado con ese cartel narcotraficante, al cruzar una frontera invisible en el barrio Belén Rincón. Le tomaron una foto y la rotaron por los chats de distintos grupos ilegales, para verificar si pertenecía a una banda rival, y tras no recibir respuesta, lo torturaron y enterraron en un paraje rural del corregimiento Altavista.
Arcila y Rengifo, por medio de su corporación, apoyaron a la familia en los trámites ante la justicia y promovieron una movilización, buscando al muchacho. Por esta presión, los verdugos desenterraron el cadáver y lo arrojaron al río Medellín. Los despojos de la víctima fueron rescatados de las aguas el 21 de febrero del año pasado.
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