Pocos mineros en Segovia, quizá contados en los dedos de las manos, conocen a profundidad el intríngulis jurídico que genera el malestar que motiva la protesta en esa localidad, como en la vecina Remedios, Nordeste de Antioquia.
La dependencia económica que estas poblaciones tienen de la minería, una rigurosa normativa, la presencia de una multinacional y la injerencia de actores ilegales son caldo de cultivo para agudizar un problema que deja más de 27 heridos y un muerto, en 17 días de protestas.
Y es que los 12.000 trabajadores que amanecen en las calles, bajo las inclemencias del sol, con hambre y sin plata, solo tienen claro que el negocio del oro, a diferencia de otras épocas, no es ilusión de riqueza para los informales.
Pero, mientras unos —llevados por el desespero— ponen barricadas, queman vehículos y se enfrentan al Esmad de la Policía, otros, abogados y contadores, propietarios de unidades mineras hacen exigencias al Gobierno e insisten en que la minería del Nordeste es ancestral y amerita un tratamiento de ley especial.
En 15 puntos, los líderes de la protesta, agremiados en la denominada Mesa Minera de Segovia y Remedios, exigen una reforma a la Ley 685 de 2001 en lo concerniente a la formalización, que debe entrar en vigencia en 2018.
Los dirigentes mineros confiesan que difícilmente se cumplirá ese requisito, pues aseguran que no han tenido apoyo estatal para avanzar en el proceso de formalización, que implica entre otras exigencias, tener título minero o en su defecto contratos de operación, además de Registro de Propiedad, así como el desarrollo de la actividad sin mercurio. También rechazan la restricción de comercializar el oro a los pequeños mineros (1 gramo al día o 35 al mes).
La riqueza minera
Los subsuelos de Segovia y Remedios, en su mayoría, están bajo control de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold. Ellos, y su subsidiaria, Zandor, recibieron del Gobierno Nacional el título minero al adquirir lo que antes fue la Frontino Gold Mines.
Gran Colombia, que explota yacimientos de oro en Segovia, Nordeste antioqueño, y Marmato, en el Norte de Caldas, es considerado el rey en extracción de ese mineral en Colombia.
El año pasado la empresa reportó una producción de 149.700 onzas de oro, de las cuales 126.000 onzas fueron extraídas de Segovia.
Según dijo en mayo pasado Lombardo Paredes Arenas, director de la compañía, durante este año se seguirán ejecutando labores de exploración en las minas El Silencio, Providencia, Sandra K y Segovia Gold, las cuales hacen parte de su título.
Sobre los suelos cedidos a esa multinacional, desde hace más de 42 años se han venido creando 135 unidades mineras, y otro número indeterminado que no están registradas. Además, existen cerca de 200 plantas de beneficio, que es donde se procesa el oro.
Según Gustavo Tobón, alcalde de Segovia, muchas de esas minas son tecnificadas, y cumplen con normas de seguridad y prestaciones sociales.
“Hay minas que tienen entables casi iguales a los de la multinacional o hasta mejores. Una de ellas, su dueño fue operador de Gran Colombia, y es ejemplo de la recuperación del mineral”, comenta.
Dependencia de la minería
Segovia, según censo oficial, tiene 37.000 habitantes, pero de acuerdo con la Administración local, debido al vertiginoso crecimiento demográfico, hay 45.000 de las cuales 8.000 viven en zonas rurales.
Tobón afirma que el 95 por ciento de la población en Segovia vive de la minería y el otro 5 por ciento se beneficia indirectamente de ella.
“Aquí, en mi municipio, no se moverá la hoja de un árbol sin la minería. Es una dependencia total del oro. La gente que tiene cultivos o ganado es muy poca”, añade.
Segovia, un municipio incrustado en un cañón y desde donde se puede llegar al Bajo Cauca antioqueño y al sur del departamento de Bolívar, tiene una gran actividad mercantil, con una decena de hoteles de calidad, centros comerciales, restaurantes y bares.
Este año, asegura el alcalde Tobón, por un impuesto al oro que se cobra a la empresa Gran Colombia, Segovia obtuvo 8.500 millones de pesos. No obstante, agrega que por sistema de regalías, al que van recursos de la comercialización que los mineros hacen del mineral, también se han apalancado proyectos.
“Hicimos pavimentación de 1.800 metros, andenes y recuperación urbanística. Destinamos parte de la plata para el Plan de Ordenamiento Territorial”, cuenta.
Aunque el alcalde afirma que el pueblo sí ha tenido desarrollo jalonado por el oro, y pone como ejemplo localidades vecinas en las que persiste la precariedad en infraestructura vial, Segovia, el municipio de donde más oro se extrae en Colombia y que hoy se pelean informales y formales, no tiene cobertura total de acueducto y alcantarillado.
“En alcantarillado hay un 40 por ciento, y en acueducto la cobertura está en 93 por ciento, pero no hay continuidad, porque faltan obras complementarias. Tenemos el plan maestro diseñado”, acota.
Dos minas, cerca de acuerdo
Diego Restrepo es uno de esos mineros de tradición en Segovia. Su padre, a principios del siglo pasado, empezó a trabajar en el oficio con una empresa inglesa asentada en la zona. Luego abrió su propia unidad, en el título de la hoy Gran Colombia, y fue tecnificándose hasta tener una infraestructura con moderna maquinaria importada y tecnología para el desarrollo de la actividad.
“Mis hermanos y yo seguimos el legado de nuestro padre: hacer minería de calidad y con dignidad para los trabajadores. Eso es una constante en la región”, apunta.
La mina de Restrepo y sus hermanos es hoy una de las que están en riesgo de cierre definitivo por las dificultades que plantea la nueva normatividad colombiana.
Hace cuatro años, comenta Restrepo, no han podido obtener explosivos para el desarrollo de nuevos niveles de explotación. “Sin contrato de operación con la empresa (Gran Colombia), no nos venden dinamita legal”, agrega.
Precisamente, Elióber Castañeda, presidente de la Mesa Minera, aclara que dentro del pliego de condiciones para la negociación se deben establecer reglas claras y garantías en la aplicación del contrato de operación “como una responsabilidad social empresarial de formalización de la minería tradicional, por parte de los titulares mineros”, en este caso la Gran Colombia Gold.
Castañeda y los demás líderes mineros de Segovia exigen al Gobierno que se otorgue una calidad especial y preferente a la minería ancestral, así como a los comercializadores “que por décadas han ejercido esa actividad”.
Sin embargo, el viceminstro de Minas, Andrés Cante, responde que no suspenderá las leyes vigentes ni los trámites de nuevas reglamentaciones para la actividad minera, “pues algunos ilegales quieren usar a los barequeros para comercializar oro extraído de forma irregular”.
Mientras las conversaciones entre la Mesa Minera y el Gobierno, para revisar la normatividad, están en un punto muerto, según fuentes locales, los representantes de las dos minas más importantes de Segovia, Cogote y San Nicolás, avanzan en llegar a un acuerdo con Gran Colombia para operar sus unidades, quedar con un porcentaje de la producción y entregar otro a la multinacional.
600
trabajadores tiene Cogote, mina informal de Segovia y que está en la protesta.
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