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La recomposición de los órganos de gobierno existentes es ahora la tarea en EPM luego de la renuncia en pleno de su junta directiva el martes. El artículo 14 del Acuerdo municipal 12 de 1998 (los estatutos de la empresa) establece que la renuncia de un miembro de junta constituye falta absoluta, y que cuando esta ocurra, procederá el reemplazo por una designación del mandatario.
“El alcalde va a ejercer sus competencias y va a producir los nombramientos correspondientes y vamos a tener de nuevo el órgano colegiado como lo mandan los estatutos”, dijo el gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón.
Frente al reto que ello implica, la Andi Seccional Antioquia convocó ayer al alcalde Daniel Quintero a “recomponer el gobierno corporativo mediante un mecanismo que dé tranquilidad por la independencia de los miembros” acogiendo los principios rectores del Convenio marco de relaciones entre el Municipio de Medellín y EPM. En carta enviada al mandatario, le proponen que se cree una “comisión de la confianza”, en la que participen sectores empresariales, académicos y sociales, al tiempo que le recordaron que la “responsabilidad del cuidado patrimonial de las entidades públicas incluye la correcta selección de funcionarios y directivos”.
Entre tanto, más voces se sumaron ante la situación generada en EPM. Proantioquia advirtió que “la renuncia por falta de garantías para el ejercicio de su labor y el desconocimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo por parte de su gerente y el alcalde, se constituyen en un hecho grave que rompe una tradición de respeto por las instituciones”, afirmó en un comunicado firmado por Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del consejo directivo; y Azucena Restrepo Herrera, presidenta ejecutiva.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia expresó que “manifestamos nuestra preocupación ante las afectaciones que tiene para nuestro sector la toma de decisiones que ponen en riesgo no solo la reputación de EPM, sino también la continuidad de Hidroituango, la estabilidad energética del país y el buen nombre de las empresas que allí participan”.
De otro lado, ayer la sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, indicó que estudiará a profundidad la demanda anunciada por EPM contra el diseñador, el constructor y el interventor; y reiteró que la prioridad es la puesta en funcionamiento del megaproyecto, prevista para 2022.