Los habitantes de Caucasia van a dormir temprano en la noche porque tienen miedo. En meses pasados se han presentado ataques con explosivos en establecimientos públicos y, por eso, la comunidad pasa días de temor ante la incertidumbre de no saber si una arremetida podría ocurrir de nuevo.
Así lo cuenta Órlando Ávila, personero del municipio, quien agrega que la tensión en la zona responde a la disputa por el territorio entre estructuras ilegales.
Pero Caucasia no es la única localidad del Bajo Cauca antioqueño que preocupa a las autoridades por la situación de vulneración de derechos humanos que vive la población civil.
De acuerdo con cifras del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, durante el primer semestre de 2018, la administración municipal atendió 1.104 hogares integrados por 3.336 personas provenientes de los seis municipios de esta subregión del departamento (ver gráfico).
Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, explicó que estas cifras preocupantes de desplazamiento se enmarcan en el contexto de confrontación de actores armados por la renta ilegal que se presenta en la subregión.
“La más afectada es la población civil, puesto que está siendo amenazada, asesinada y estigmatizada. Esto genera una migración a Medellín para proteger su vida”, dijo.
Arcila expresó que la municipalidad ha prestado ayuda humanitaria a las familias a través de albergues, atención subsidiaria e inmediata (kit de alimentos). Agregó que se creará un subcomité de prevención para evaluar la situación de seguridad en el Bajo Cauca.
Desplazamientos masivos
Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que, entre enero y agosto de este año, en esta subregión se han presentado 13 desplazamientos masivos al interior del territorio, en las veredas y corregimientos de estos municipios: un total de 2.640 personas y 904 núcleos familiares afectados. Asimismo, esta entidad emitió tres alertas tempranas de inminencia para los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia (en enero, marzo y abril respectivamente), con el propósito de advertir a las autoridades locales de la amenaza que representan estos enfrentamientos para la población civil y las afectaciones a los derechos humanos.
En estas alertas se relaciona que el escenario en estas localidades es de riesgo ante la disputa interna entre facciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la ocupación por parte de estos grupos sucesores y reductos del Eln en las zonas en las que antes tenían presencia las Farc, entre otros.
Para la Defensoría del Pueblo, ante la creciente llegada de familias desde el Bajo Cauca a Medellín algunos de los puntos preocupantes son la crisis y la saturación al interior de los albergues, así como las demoras de hasta semanas en la entrega de la atención inmediata a las familias afectadas. En ese sentido, la entidad indicó que no puede bajarse la guardia, puesto que las dinámicas de la confrontación indican que existen picos de desplazamiento y, si bien pueden descender, no quiere decir que la situación se haya normalizado en el Bajo Cauca.
Medellín, ciudad receptora
Juan Fernando Gómez, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, indicó que la capital antioqueña es una de las ciudades más receptoras de la población desplazada del país. Ante esta situación, la dependencia manifestó su preocupación ante las limitaciones que tiene la administración municipal de Medellín para atender a quienes llegan desde el Bajo Cauca.
“Por el momento se ha tenido capacidad de respuesta, pero se hizo la alerta porque los recursos se estaban viendo limitados”, indicó Gómez.
Aneidalid Delgado, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín, expresó que la problemática del desplazamiento se hace más difícil porque la comunidad tiene miedo de denunciar y porque piensan que serán desplazados o asesinados, en medio de una marcada desconfianza hacia las instituciones estatales y la Fuerza Pública .
