El gerente del hospital San Rafael de Itagüí tuvo que quebrarse en llanto ante las cámaras de los medios de comunicación para demostrar que la crisis por la que atraviesa el sistema de salud en Antioquia está tocando fondos que no se habían visto.
En un departamento en el que las salas de urgencias se mantienen desbordadas, las instituciones carecen de insumos adecuados y los pacientes deben deambular como peregrinos por toda la ciudad antes de ser atendidos, decir que la red hospitalaria está en crisis no parece algo nuevo.
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Tampoco es una novedad denunciar que la entrega de medicamentos es un caos, que los tiempos de atención se están alargando y que los pacientes del régimen subsidiado son los que mayores barreras en el acceso a los servicios están sufriendo.
Sin embargo, para conocedores del sistema, el descalabro financiero al que está siendo empujada la red, sobre todo por cuenta de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, esta vez es diferente y mucho más grave.
Pese a que muchos gerentes de hospitales prefieren mantener la moderación –temiendo además despertar rencillas en un sistema cooptado por el Gobierno Nacional– algunos líderes han decidido expresar públicamente sus reparos, como fue el caso del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto.
Arroyave hizo parte el jueves de una rueda de prensa convocada por la Secretaría de Salud de Antioquia en la que esa dependencia denunció que las deudas de las EPS con los hospitales del departamento, tanto públicos como privados, sobrepasaron el techo de los $8 billones.
En el espacio, en el que también participaron los gerentes de otros hospitales y voceros de organizaciones de pacientes, Arroyave tomó la palabra y se quebró, al exponer que por culpa de la crisis financiera los auxiliares de enfermería, médicos y, en general, el personal del hospital viene sobreviviendo desde agosto de 2025 sin pago alguno.
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Sus declaraciones, en las que denunció que los empleados no tienen con qué comer, pagar el arriendo y mucho menos compartir con su familia en diciembre, se difundieron rápidamente por internet y pusieron en el centro de la agenda pública el problema.
“El peor oficio que puede haber en este momento es ser gerente de un hospital público”, planteó Arroyave a EL COLOMBIANO, explicando las razones por las que considera que la crisis de hoy es más grave que nunca.
“Las aseguradoras no nos pagan porque el gobierno no les autoriza y los proveedores no nos despachan porque no les hemos podido pagar. Me llegan acciones de tutela donde me amenazan con la cárcel, pero si a mí nadie me paga, ¿de dónde saco la plata? El ‘chu-chu-chú’ es lo que nos ha agravado la situación”, expresó el gerente.
El drama de los pacientes
Esta semana, el San Rafael ya había estado bajo los reflectores públicos cuando la familia de una adulta mayor que sufrió una fractura de fémur denunció largos tiempos de espera. “Mi abuela es una señora de 80 años que sufrió un accidente en casa. Se encuentra en el hospital San Rafael a la espera de una cirugía y lo único que ha recibido es tramadol para el dolor. No nos dan fecha para cirugía, no hay medicamento adicional, no hay especialista que pueda verla. La situación es muy precaria”, denunció en un video Johana Baena Tangarife, nieta de la paciente, mostrando imágenes en las que las instalaciones del San Rafael lucían claramente congestionadas.
“Vimos enfermos en sillas, en los corredores, realmente este hospital parece un campo de batalla”, ilustró Tangarife, sosteniendo que algunos miembros del personal médico le recomendaban buscar atención en otra institución, advirtiéndole que carecían de recursos para atender a su abuela.
Al referirse a la situación de los insumos, el gerente Arroyave no controvirtió la gravedad del problema y añadió que, es tal el desabastecimiento, que muchas veces han tenido que poner de su propio bolsillo los recursos para comprar implementos básicos.
“Muchas veces tenemos que sacar plata de bolsillo de nosotros para mandar a comprar guantes, gasas o jeringas. Las auxiliares de enfermería y enfermeras profesionales llevan cuatro meses sin recibir un peso de sueldo. Lo que nos están consignando las EPS es absurdo”, reclamó el gerente.
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En cifras redondas, el directivo advirtió que cuando recibió el hospital había atrasos de seis y siete meses en el pago de los salarios, un faltante que pudo subsanarse luego de que la Gobernación lanzara un salvavidas de $10.000 millones para poner la nómina al día.
Pese a que con esa inyección de capital la nómina pudo ponerse al día, en 2025 el panorama se volvió a agravar. Como en muchos otros hospitales, el boquete más grande vino por cuenta de la Nueva EPS, en control del Gobierno Nacional, que desde agosto pasado está colgada gravemente en sus pagos.
De igual forma, el gerente sostuvo que con Savia Salud, también intervenida por la Nación, de una facturación de $2.500 millones solo ha consignado $1.000 millones, una diferencia que ha cercenado el músculo financiero de la entidad para cumplir con compromisos básicos como el pago de salarios.
“Desde que el ‘chu-chu-chú’ empezó a funcionar, la red pública se fue al piso. Estamos trabajando con las uñas”, dijo Arroyave, señalando que en una entidad cuyos pacientes son en un 90% de Savia Salud y Nueva EPS, los traumatismos en ambas aseguradoras se vuelven asunto de supervivencia.
“El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”, dijo.
“Todo el mundo se preocupa por los pacientes y tienen razón. Pero miren también el sufrimiento de los funcionarios de la salud a los que la gente insulta o demanda”, planteó.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, de la deuda global de $8 billones que con corte a septiembre de 2025 tenían las EPS con los hospitales del departamento, más de la mitad – $4,9 billones– correspondía a las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro: Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud.
Mientras la Nueva EPS debía para ese mes $3,1 billones, Savia Salud debía $1,4 billones y Coosalud $395.000 millones.
Entre tanto, mientras la deuda que afronta la red privada es de $6 billones, la de los hospitales públicos es de $2 billones.
Con base en esos números, Marta Cecilia Ramírez, hoy secretaria de Salud de Antioquia pero quien también fue gerente de la IPS Universitaria (hoy Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia), consideró que esta es la peor crisis financiera que ha enfrentado la red hospitalaria antioqueña.
“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. Era conocida la intencionalidad de asfixiar las finanzas para justificar una crisis y una reforma”, dijo la funcionaria, alertando que, especialmente durante los últimos cuatro meses, todos los hospitales han alertado que el giro de las EPS se redujo ostensiblemente, en la mayoría de los casos apenas cubriendo entre el 25% y el 40% de lo que se ha facturado.
La funcionaria apuntó además que entre 2024 y 2025, en un esfuerzo presupuestal difícil para la Gobernación, se han desembolsado más de $220.000 millones para paliar las afugias financieras de 60 hospitales antioqueños, claramente insuficientes para cubrir un hueco estructural de $8 billones.
“Los trabajadores de la salud también están sufriendo mucho y no es justo. El llanto que vimos es de angustia por no poder garantizar el mínimo vital por la falta de pago. Abogo por soluciones claras de liquidez para los trabajadores y la operación de los hospitales”, exigió la funcionaria.
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