El Estado reconoció no haber hecho lo correspondiente para evitar la muerte de 43 personas en Segovia a manos de paramilitares y pidió perdón a las víctimas que dejó aquella incursión violenta.
Los asistentes al acto, que se dio para cumplir un acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y los familiares de las víctimas, y homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marcharon desde el cementerio hasta el parque principal de la localidad, donde se programó una ceremonia religiosa para conmemorar lo ocurrido hace ya 27 años.
El 11 de noviembre de 1988 el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, bajo órdenes de Fidel Castaño, cobró con sangre que en aquella población la Unión Patriótica hubiera ganado la Alcaldía en las elecciones de marzo.
El exdiputado antioqueño César Pérez García, quien además llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes, fue sentenciado a 30 años por la Corte Suprema, que lo consideró determinador de la masacre.
El reconocimiento de responsabilidad correspondió al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera. También estuvo presente la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria.
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