Reconocen al río Cauca como “sujeto de derechos” y ordenan recuperación

La comunidad de Puerto Valdivia ha sido la más afectada en ocasión de la contingencia de Hidroituango. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE

La Sala Cuarta Civil del Tribunal Superior de Medellín revocó una sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito y ordenó el reconocimiento de derechos del río Cauca, vulnerados, según el fallo, por las maniobras realizadas durante la contingencia del proyecto Hidroituango.

El cierre de la segunda compuerta de captación hacia casa de máquinas, el pasado 5 de febrero, disminuyó el caudal del río a mínimos históricos de solo el 20 % de su promedio. El volumen de agua se normalizó cuatro días después, luego que el agua del embalse empezara a salir por el vertedero del proyecto.

El tribunal afirmó en la sentencia que el hecho generó una crisis sin precedentes que afectó el ecosistema de la fauna y la flora que dependen del río. “Exige, clama, un proceso de recuperación y por ello amerita no solo el resarcimiento actual, sino la materialización de las futuras generación como sujetos de derecho”, señaló la providencia.

Medidas a adoptar

El Tribunal ordenó al Gobierno Nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades. De esta forma el Cauca contará en adelante con los denominados “Guardianes del río”. La Procuraduría deberá coordinar y realizar una audiencia en la que se efectúe la elección de los mismos.

Asimismo, la Sala Cuarta Civil del Tribunal otorgó labores de supervisión, acompañamiento y asesoría a la comisión de los guardianes del río Cauca, la cual estará integrada por dos guardianes designados y un equipo asesor compuesto por el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura, Corantioquia y Universidades; y ordenó a la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría entregar reportes semestrales de su gestión con indicadores de cumplimiento.

La sentencia, producto de una acción de tutela presentada por el senador Juan Luis Castro y el activista Diego David Ochoa, otorga efectos inter comunis, es decir, que también protege a las poblaciones ribereñas que se encuentran en la misma situación, así no estuvieran vinculadas al mismo proceso.

Las medidas cautelares ya falladas

Un juez de control de garantías le ordenó a EPM el 12 de junio pasado conformar una mesa técnica con autoridades nacionales y comunidades para evaluar la situación del proyecto Hidroituango y estabilidad del macizo rocoso sobre el que está soportado el proyecto.

Lea: Las medidas cautelares que un juez ordenó por Hidroituango

La Fiscalía argumentó que se estaban vulnerando varios derechos a la comunidad por lo que su salud estaba en riesgo, así como el entorno en el que residían.

La orden del juez especifica que en la mesa deben tener asiento delegados de la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, EPM e Hidroituango.

Lo que se busca con esta medida cautelar es determinar o no la continuidad del proyecto o su suspensión. Los informes que debe rendir esta mesa técnica deberán entregarse cada diez días y hasta por sesenta días a partir de que quede en firme la decisión.