Por orden del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, todos los integrantes del gabinete departamental presentaron su renuncia protocolaria ante el mandatario, quien revisará y evaluará en los próximos días la gestión de los funcionarios.
Esta petición, que se da tan solo a 10 meses y 25 días de haber iniciado este gobierno, tendría como propósito salir de los servidores públicos que han sido cuestionados por su desempeño o han estado envueltos en situaciones generadoras de controversia mediática.
EL COLOMBIANO consultó fuentes cercanas a la Gobernación que confirmaron la intención del primer mandatario de los antioqueños de recomponer el gabinete en lo que resta del presente año; es decir, algunos de los secretarios que saldrían, lo harían en diciembre, para así iniciar el año con un grupo renovado.
Esta purga también sería aprovechada para nombrar en propiedad al nuevo secretario de Hacienda, quien reemplazará al actual titular de este despacho, Adolfo León Palacio Sánchez, quien se retira de la Administración por cumplir la edad de retiro forzoso, que en Colombia es a los 65 años, según el Art. 122 decreto 1950 de 1973.
En igual situación está el secretario de Minas, Enrique Olano Asuad.
“Algunos deben irse”
Ante esta situación, el diputado del Polo Democrático, Jorge Alberto Gómez, opinó que “hay unos cuatro o cinco funcionarios que son insostenibles para el Gobernador y que esta es una manera elegante de salir de estas personas; en especial de los que están en el ‘ojo del huracán’ con serios cuestionamientos ante la opinión pública”.
“El director del Departamento Administrativo de Planeación, Carlos Mario Montoya, con todo lo que le está sucediendo con la licencia de su centro de eventos en Rionegro; el secretario de Agricultura, Jaime Alberto Garzón, con las denuncias que tiene por el tema de compra de tierras para Cemex; el director del Dapard, Mauricio Parodi, cuestionado por celebrar contratos sin cumplir todos los requisitos legales; la directora del Instituto de Cultura, Laura Marulanda, que es hermana del exgerente del Hospital La María y quien se realizó una cirugía allí; entre otros miembros del gabinete que han sido cuestionados, tienen al equipo de gobierno en crisis”, afirmó el corporado del Polo, quien reitera que esa es la lectura que se da desde afuera.
Buena gestión
Por su parte, el diputado del Centro Democrático, Roque Eugenio Arismendy, comentó que todo gobierno tiene en sus manos la facultad de solicitarles a sus colaboradores una renuncia protocolaria, que en la mayoría de casos se hace para realizar cambios necesarios.
“Este gabinete, que me ha parecido muy bueno, no deja de tener unos altibajos en temas neurálgicos y el Gobernador, en su afán por cumplirle a Antioquia, encontró un momento oportuno para hacer el cambio”, dijo.
El diputado Arismendy insistió que, por su buena gestión y entrega a su oficio, el Gobernador debería ratificar en su cargo a funcionarios como el secretario de Gestión Humana, Jairo Alberto Cano Pabón; el secretario Privado, Iván Echeverry Valencia; el gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco; el secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero Zapata; entre otros.
¿Y el Contralor?
Aunque no está entre las facultades del Gobernador de Antioquia solicitar la renuncia del Contralor General de Antioquia, el diputado del Polo Democrático espera que este futuro reacomodo genere presión para que el actual titular, Sergio Zuluaga Peña, renuncie al cargo.
“Es insostenible la presencia del Contralor al frente de su dependencia. La situación de Zuluaga Peña es la peor de todas. Aunque nos es subalterno del Gobernador, este sí debería solicitarle la renuncia por el bien del departamento; así como yo se la voy a solicitar mañana (hoy) en la sesión de la Asamblea, a la que se supone debe asistir el Contralor”, expresó el diputado Jorge Gómez.
La semana pasada, el diputado del Centro Democrático, José Luis Noreña, se unió a su homólogo del Polo y al concejal liberal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, para solicitar formalmente la renuncia del Contralor de Antioquia, por las denuncias conocidas sobre el pago de la cirugía estética que Zuluaga Peña se practicó en el Hospital La María, así como la posible adulteración de su historia clínica para trasladar los cobros al POS y las irregularidades relacionadas con licencias no remuneradas solicitadas por el Contralor y que fueron pagadas en su totalidad.
