Según la Contraloría General de Medellín, dos funcionarios de la alcaldía de Aníbal Gaviria Correa incurrieron en un presunto daño fiscal de 10.981 millones de pesos, al vender en 2015 un lote de 8.300 metros cuadrados, en la Central Mayorista de Antioquia, por un precio inferior al que fue adquirido en 2013 y por descartar, además, un avalúo que fijaba una cuantía mucho mayor.
El inmueble fue transado el 24 de abril de 2015 a la Comercializadora Giraldo y Gómez y Cía S.A., por $19.123.200.000. Y los presuntos encartados con este negocio son Vera Cristina Ramírez López, secretaria en su momento de Servicios Administrativos, y Jorge Mario Velásquez Serna, subsecretario en Adquisiciones y Desempeño Contractual del Municipio. Ambos, al decir del ente de control, tenían la suficiente información, criterio y formación profesional para haber hecho un análisis crítico del avalúo que soportó la venta del predio. Según la investigación, el 19 de marzo de 2015 se descartó un avalúo por 34.933 millones de pesos, elaborado por Ana Lucía Cifuentes Delgado. Ese mismo día, se radicó otro avalúo, por 19.123 millones de pesos, que hicieron Juan Carlos Echeverry Fernández y Gladys Elena Rendón Otálvaro. Así ocurrió, según la Contraloría, “sin que esto le hubiera merecido un reproche a los presuntos responsables”.
Sobre todo porque el precio de venta, 19.123 millones de pesos, era inferior a los 19.920 millones de pesos que pagó en 2013 el Municipio de Medellín para hacerse a ese inmueble.
En concepto de los auditores, el avalúo que soportó en 2015 la compra no siguió “las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de avalúos”. Siendo así, no podía ser el referente de la transacción.
Para la Contraloría, los responsables del presunto daño fiscal carecieron de sentido común para proteger el patrimonio público, porque no vieron esas inconsistencias.
“Se pregunta este despacho: ¿Quién que le digan que su inmueble vale quince mil ochocientos diez millones cuatrocientos ochenta mil pesos menos que un avalúo que ya le habían practicado y que adicionalmente su valor es inferior en setecientos noventa y siete millones de pesos ($797.000.000) al avalúo que tenía dos (2) años atrás se queda tan tranquilo y no solicita un segundo avalúo, máxime que la pretensión es efectuar la venta del inmueble y que el principio de eficiencia le obliga a buscar la mayor rentabilidad?”.
En documento conocido por este diario, la Contraloría afirma que los presuntos implicados incumplieron sus obligaciones, fueron negligentes y descuidados en la administración de los recursos públicos y conceptúa que en sus actuaciones “se evidencia una culpa grave”.
En suma, añade la misma fuente, “los investigados obraron con ligereza, negligencia y desidia en el proceso contractual en un contrato estatal de trascendencia para la ciudad por su cuantía y por lo que representaba para los intereses patrimoniales de la municipalidad los ingresos que se obtendrían y que redundarían en generar bienestar a los ciudadanos, como fin del Estado local” .
